La titular de la Secretaría de Adultos Mayores, Yamel García, planteó una solución intermedia: mantener las evaluaciones médicas obligatorias cada dos años, pero exonerar del pago la segunda validación para evitar lo que considera una “doble tributación” injusta contra la tercera edad.
García sostuvo que la propuesta busca conciliar el legítimo interés del Estado en garantizar la seguridad vial con la obligación constitucional y legal de proteger a las personas envejecientes, sin imponerles cargas económicas adicionales en una etapa de la vida en la que la mayoría depende de pensiones o ingresos limitados.
Una propuesta amparada en la Ley 352-98
La dirigente recordó que la Ley No. 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente, promulgada el 15 de agosto de 1998, establece en su Artículo 1 que se considera persona envejeciente a toda persona mayor de sesenta y cinco (65) años de edad
Asimismo, reconoció a este segmento como un grupo poblacional de naturaleza vulnerable que no puede ser objeto de discriminación alguna en razón de su edad (CONAPE).
Asimismo, García destacó que el Capítulo VII de los Beneficios Especiales de dicha ley contempla un régimen de exoneraciones y descuentos a favor de los adultos mayores.
«Los beneficios debe ser
instrumentado a través del Carnet de Exoneración que otorga el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el cual incluye descuentos en servicios médicos, consultas, préstamos hipotecarios y exoneraciones en servicios estatales (CONAPE – Beneficios)», sostuvo la dirigente política.
“La filosofía de la Ley 352-98 es clara: el Estado, la familia y la sociedad deben garantizar con absoluta prioridad la protección de los derechos de los envejecientes. Cobrarle dos veces en dos años a un adulto mayor por una misma licencia contradice ese espíritu”, afirmó García.
Artículo 57 de la Constitución
La secretaria de Adultos Mayores de Fuerza del Pueblo recordó además que el Artículo 57 de la Constitución de la República Dominicana establece que la familia, la sociedad y el Estado deben concurrir para la protección y asistencia de las personas de la tercera edad (CEPAL).
“Estamos pidiendo que se cumpla la Constitución y la Ley 352-98. No nos oponemos a las evaluaciones médicas, porque proteger la vida en las vías es importante; lo que rechazamos es que el adulto mayor tenga que pagar dos veces lo que el resto de los ciudadanos paga una sola vez”, puntualizó.
