POR ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro informó el lunes que fueron liberados los 45 soldados retenidos durante casi 24 horas por una comunidad rural del suroeste del país, presuntamente presionada por un grupo armado ilegal.
Lo aclaró luego de dar una versión contradictoria en la que aseguraba que siete militares continuaban retenidos, pese a que el ejército había confirmado la liberación total del grupo retenido el domingo en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca.
Quedaron en libertad y fueron llevados por vía aérea hasta Popayán, la capital, mostrando un video en el que los uniformados bajaban de un helicóptero.
El ejército no detalló cómo fue la liberación. En retenciones anteriores se logró tras acuerdos con el gobierno y la intermediación de organismos humanitarios o fueron rescatados en una operación militar.
La víspera el ejército indicó que aproximadamente 600 personas obstaculizaron el despliegue de tropas en el Cañón del Micay, donde abundan los sembradíos de hoja de coca y donde se realizan desde hace meses operativos militares para intentar recuperar el control de la zona.
Las fuerzas militares indicaron que los civiles habrían sido presionados por disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.
La acción habría pretendido favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal por parte de las disidencias, agregó el reporte.
Petro indicó el lunes que en los lugares donde “secuestren” a militares habrá fumigaciones aéreas con herbicidas de los cultivos de hoja de coca.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, indicó en X.
La Corte Constitucional suspendió en 2015 el uso de glifosato para la fumigación aérea como precaución ante posibles daños a la salud y el medioambiente y luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que ese herbicida “probablemente” causaba cáncer en los seres humanos.
Una forma de presión en zonas convulsas
En lo que val del año ha habido al menos cinco retenciones de militares en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Guaviare, donde operan las disidencias FARC al mando de Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados del país y cuyas estructuras abandonaron la mesa de diálogo con el gobierno de Petro.
La estatal Defensoría del Pueblo ha pedido en otras oportunidades no estigmatizar a la comunidad civil que ya es vulnerada al estar en una zona de conflicto armado.
Las asonadas suceden típicamente en zonas con baja presencia estatal y presencia de grupos armados ilegales que intentan controlar a la población.
“Sí hay comunidades inconformes por políticas del gobierno, pero no podemos obviar que los grupos ejercen una presión directa o indirecta muy significativa… tiene una posición de amenaza y de poder”, indicó a The Associated Press Andrés Preciado, director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz.
Sin embargo, las asonadas contra los militares no son una práctica nueva en el país.
“Han sido comunes en la guerra de guerrillas y estos grupos (como disidencias) están intentando tomar repertorios de violencia que les habían sido exitosos en los años 1990, con las FARC”, aseguró a la AP Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, que investiga el conflicto en Colombia.
Ambos analistas coinciden en que actualmente están siendo usadas porque han resultado ser útiles, dado que este gobierno ha priorizado el diálogo y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, visto erróneamente como una debilidad.
Algunos sectores han cuestionado la política de paz del gobierno —en la que se han abierto mesas de negociación con múltiples grupos armados—, al asegurar que han servido para darle más poder sin lograr desarmarlos.
“Ha fallado la política de paz total, pero también la política de seguridad y los compromisos de desarrollo que tenía el gobierno con la comunidad”, explica Bonilla.
“Esto no está pasando como consecuencia de las negociaciones actuales, sino porque se desmovilizó las FARC en 2016 y el Estado no se movió a llenar el vacío ni militar ni socialmente. Estas son las consecuencias”.
