El Ministerio Público describió como funcionaba el entramado.
Santo Domingo, RD.-. La organización criminal que está siendo acusada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), bajo la Operación Cattleya, iniciaba sus operaciones en el exterior y culminaba beneficiándose en el país a raíz de la explotación sexual de decenas de mujeres.
Dentro del expediente que solicita medidas de coerción en contra de los imputados, el Ministerio Pública explicó como operaba esta organización criminal.
Todo inició, según el Ministerio Público, en el mes de diciembre de 2021, cuando comienza la recepción, trasporte y acogida de mujeres colombianas y venezolanas con estatus de “vulnerabilidad”.
Las mujeres, que según detalla el expediente, eran “pobres o con necesidades” eran abordadas por una persona del entramado criminal que les ofrecía mejores condiciones de vida en la República Dominicana, laborando como “camareras” en bares o restaurantes.
Tras tener el visto bueno de ellas, el entramado les costeaba la emisión del pasaporte, boleto aéreo, hospedaje y alimentos, pero una vez llegaban a República Dominicana les exigían saldar esa “deuda” que ascendía entre 3,000 a 4,000 dólares.
Al no tener como pagar, el entramado exigía a las mujeres mantener relaciones sexuales con clientes para así saldar la deuda contraída y, en caso de que se negaran, eran amenazadas con hacerle daño a sus familiares, deportarlas u otros ataques psicológicos.
No obstante, la “deuda” se mantenía permanentemente en aumento, alegando gastos de hospedaje y alimentación, siendo todo el dinero que cobraba el entramado destinado a “cubrir la deuda”.
“Precio” y clientes
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de entre RD$5,000 a 7,000 en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.
En lo que respecta a los clientes, estos eran captados por la organización, a quienes les mostraban catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas.
Las víctimas se hospedaban y recibían a sus clientes en el Hotel Caribe, en Santo Domingo, o en el Residencial Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana. No obstante, también personal de la organización trasladaba a las víctimas a sus destinos.
Otro detalle que ofrece el expediente, es que las mujeres no tenían libertad de acción, ni “tiempo libre”. Se debían quedar en sus lugares de hospedaje y estar disponibles para un cliente las solicitará.
De igual manera, las mujeres víctimas eran obligadas a consumir sustancias controladas, cuyo costo también se sumaba a la “deuda”.
Ministerio Público: Policías activos y exmilitares formaban parte de la red Cattleya
Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.
Aunque el Ministerio Público sólo ha vinculado al sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), como parte de la red de trata y prostitución, denominada Cattleya, el expediente de medida de coerción contra 15 personas y tres hoteles señala que en esta red existen exmilitares y policías activos.
“Producto de que la red había exmilitares y policías activos; la organización solía mover a las víctimas de un lugar a otro, la rotaban con frecuencia para evitar lo que ellos llamaban ´Quemar la guarida´, pero más bien era cambiar de calabozo”, dice el expediente.
Indican que en la investigación se pudo comprobar que uno de los imputados es miembro de la Policía Nacional, por igual hay un exmilitar de Venezuela.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha señalado que las victimas en este caso, 78 colombianas y 2 venezolanas, eran engañadas y se les ofrecía diversos tipos de trabajo en el país y una vez aquí eran usadas para prostituirse.
A las mismas luego de llegar a la República Dominicana se les quitaban el pasaporte y se les obligaba a tener sexo con diferentes hombres, algunas de las cuales llegaron a acostarse con 15 hombres en un día, de acuerdo al expediente.
“Al llegar al país, la organización informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 y que para la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes que los miembros de la organización les buscaban y que demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían”, dice el expediente.
El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.
Fuente Listin Diario
