Santo Domingo, RD. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional y la Junta Central Electoral expresaron su respaldo para la aprobación de las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos, que buscan el fortalecimiento del sistema democrático en la República Dominicana.
Este respaldo fue expresado en la tertulia “Hablemos de las Leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral», organizada por el movimiento cívico, y contó con la participación de Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral; Desirée del Rosario; coordinadora del Centro de Estudios de Género de Intec, y Santiago Sosa, Ex Juez Titular del Tribunal Superior Electoral y miembro de la Comisión de Análisis Político de PC.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, expresó que la Ley No. 15-19 de Régimen Electoral, así como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, tutelan el derecho fundamental a elegir y ser elegido, fundamento de todo sistema democrático, principalmente para un país como República Dominicana con un mandamiento constitucional de ser un Estado Social y Democrático de Derecho.
Por su lado, Román Andrés Jáquez sostuvo que el país se encuentra actualmente en un importante y necesario proceso de reforma a su marco jurídico electoral, y que estos procesos de adecuación y perfeccionamiento de los sistemas electorales y más específicamente la legislación de esta materia, suelen ser un componente neurálgico para el desarrollo y la sostenibilidad de la democracia.
Una de las principales propuestas de la JCE es el establecimiento de topes para el gasto de precampañas y campañas, para fomentar el principio constitucional de equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiera haber en cuanto a los recursos de los que disponen las distintas organizaciones políticas afecten de manera excesiva las posibilidades reales de competencia, además de evitar que los gastos de los institutos políticos sean desmedidos.
“El contar con topes tanto para gastos como para aportaciones es una medida que favorece la competencia y reduce desequilibrios. Cuando los topes de gastos de precampaña y campaña son tan altos, como los que tenemos en República Dominicana, su propósito es imposible de concretizar y la regulación se torna ineficiente”, afirmó Jáquez.
En ese sentido la propuesta de la Junta Central Electoral consiste en reducir un 75% los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular durante la precampaña y un 65% los topes durante la campaña.
Conforme la normativa vigente el tope de gasto para la precandidatura presidencial -tomando en cuenta el padrón del año 2020- pasaría de RD$527,095,240 pesos a RD$131,773,810 pesos, mientras que el tope de gastos para la candidatura presidencial pasaría de RD$922,416,670 pesos a RD$322,883,484 pesos.
Por su parte, Desirée del Rosario señaló que se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público.
Los participantes consideraron que resulta imprescindible que la paridad tenga una serie de características específicas que la convierta en una paridad fuerte y que esa medida esté acompañada de un sistema electoral favorable al género, de la voluntad política, de un movimiento de mujeres activo, que vigile la aplicación e implementación de la paridad.
Mientras Santiago Sosa señaló en su intervención que la ausencia de una legislación actualizada que incorpore los aspectos que por meses se han venido discutiendo, no solo potencializa la posibilidad de una crisis electoral en los subsecuentes procesos electorales, sino que acentúa la desigualdad, en la medida que la ley es oponible a todos y todas y las decisiones judiciales, sólo a quienes actúen en justicia y obtengan decisiones favorables a sus causas.
Los participantes de la tertulia señalaron que la aprobación de estas propuestas y las demás sometidas resultan ser primordiales para el diseño de un sistema electoral que permita a la República Dominicana la realización de elecciones conforme los parámetros internacionales de buenas prácticas.
