Por: Temístocles Montás
Desde 2012, el Centro de Investigación sobre Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, publica el World Happiness Report, un instrumento que mide el bienestar subjetivo en más de 140 países a partir de encuestas donde los ciudadanos evalúan su propia vida.
La principal fuente de información es la Encuesta Mundial de Gallup, que utiliza la conocida “Escalera de Cantril”: se pide a los encuestados imaginar una escala de 0 a 10, donde el 10 representa la “mejor vida posible” y el 0 la “peor vida posible”, y ubicar en ella su situación actual.
A partir de esta autoevaluación, el informe identifica seis factores clave que explican las diferencias de felicidad entre países:
(1) el PIB per cápita, como indicador del nivel de vida material;
(2) el apoyo social, entendido como la posibilidad de contar con alguien en momentos difíciles;
(3) la esperanza de vida saludable;
(4) la libertad para tomar decisiones;
(5) la generosidad, medida a través de donaciones; y
(6) la percepción de corrupción, asociada a la confianza en instituciones y empresas.
En su edición más reciente, publicada en marzo de 2026, la República Dominicana ocupó la posición 64 entre 147 países evaluados.
Entre los países de América Latina y el Caribe, se situó en el lugar 14 de 21 países, por debajo de todos los países de Centroamérica. Destaca el caso de Costa Rica, que ocupa la posición 4 a nivel mundial, consolidándose como el país mejor posicionado de la región.
Este resultado revela una brecha estructural: la República Dominicana ha logrado avances significativos en crecimiento económico, pero no ha conseguido traducir ese progreso en mayores niveles de bienestar percibido.
El problema central no es, por tanto, la falta de dinamismo económico, sino la débil articulación entre crecimiento, inclusión social, calidad institucional, seguridad y cohesión social.
En efecto, mejorar la felicidad requiere una agenda de políticas públicas orientadas a la calidad de vida y no únicamente al aumento del PIB. Los determinantes del índice permiten identificar con claridad los principales cuellos de botella que limitan el bienestar en el país.
En primer lugar, el crecimiento económico no se percibe como inclusivo: amplios segmentos de la población no sienten una mejora tangible en su calidad de vida.
En segundo lugar, persiste una débil confianza institucional, reflejada en una percepción elevada de corrupción y en la baja credibilidad de las instituciones públicas.
En tercer lugar, la inseguridad y la violencia impactan negativamente la vida cotidiana, erosionando el bienestar subjetivo.
En cuarto lugar, la alta informalidad laboral genera inestabilidad de ingresos y limita el acceso a la protección social.
A estos factores se suma la deficiencia en la provisión de servicios públicos —electricidad, transporte, salud y educación— que deteriora la calidad de vida de la población.
Todo ello contribuye a ampliar la brecha entre expectativas y resultados: a mayor crecimiento económico, mayores aspiraciones sociales; cuando estas no se satisfacen, se generan frustraciones.
El bajo posicionamiento en el índice de felicidad no es un fenómeno meramente subjetivo. Tiene implicaciones concretas: menor productividad laboral, mayor conflictividad social, desconfianza que frena la inversión, migración de talento y debilitamiento del capital social.
En términos estratégicos, estas dinámicas terminan limitando el potencial de crecimiento sostenible del país.
Que países como Nicaragua, Jamaica, Guatemala, Honduras o El Salvador aparezcan mejor posicionados no implica que estén en mejor situación económica. Más bien refleja que, en esos contextos, existe un mejor balance entre expectativas y realidad, o niveles relativamente más favorables en dimensiones no monetarias como la cohesión social, el apoyo comunitario o la percepción de seguridad.
En síntesis, el ingreso explica solo una parte del bienestar. A partir de cierto nivel de desarrollo, factores como la calidad institucional, la equidad, la seguridad y la cohesión social adquieren un peso determinante.
El lugar 64 no debe interpretarse como un fracaso económico, sino como un desafío de desarrollo. La República Dominicana ha crecido, pero aún no ha logrado que ese crecimiento se traduzca plenamente en bienestar para su población.
De ahí la necesidad de redefinir el objetivo de la política pública: no se trata únicamente de crecer más, sino de vivir mejor.
