La Dirección General de Migración (DGM) detuvo 3,127 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó 2,663 personas, como resultado de su amplio despliegue coordinado a nivel nacional, con especial incidencia en las provincias de Dajabón, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.
De acuerdo con el consolidado oficial, Dajabón encabezó las acciones con 494 interdicciones por parte de Agentes de la DGM, seguido de Elías Piña con 250 y el eje Gran Santo Domingo – San Cristóbal – Monte Plata con 289, reflejando el reforzamiento estratégico de las labores de control migratorio.
También hubo importantes operativos en Pedernales, La Altagracia, Montecristi y las provincias del Cibao, como parte del esquema de vigilancia permanente ejecutado por la institución.
En el componente fronterizo, los puntos de control con mayor dinamismo fueron Dajabón, donde se procesó el mayor flujo de personas detenidas y deportadas; Elías Piña, con significativa actividad de recepción y traslado; así como Jimaní y Pedernales, donde se desarrollaron operativos focalizados de control y verificación migratoria conforme a los protocolos establecidos.
Estas acciones fueron ejecutadas con el Ejército de República Dominicana (ERD), cuyos miembros aportaron a la DGM 379 detenidos en estos tres días, agentes de la Policía Nacional (PN) 270 y otros 162 por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), entidades que acompañaron a la institución, en labores de interdicción, traslado y custodia, fortaleciendo la capacidad operativa del Estado para hacer cumplir la Ley General de Migración.
Los operativos abarcaron barrios y sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo, provincias fronterizas y corredores de alta movilidad poblacional, también hubo intervenciones simultáneas en Santiago, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Barahona, Bahoruco, La Altagracia, Espaillat y María Trinidad Sánchez, entre otras localidades, como parte del plan nacional de supervisión migratoria.
La DGM reiteró que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida, bajo estricto apego al marco legal vigente y en coordinación con las instituciones de seguridad del Estado, como parte de las políticas orientadas al fortalecimiento del control fronterizo, la regulación de los flujos migratorios y la preservación del orden público en todo el territorio nacional.
