Por: Cristina Rodríguez
Lo que hoy se discute en San Juan de la Maguana no es simplemente la explotación de un recurso mineral. Es una decisión estructural sobre el modelo de desarrollo de la República Dominicana en el siglo XXI, en un contexto global marcado por la crisis climática, la desigualdad territorial y la disputa por los recursos estratégicos.
San Juan no enfrenta una decisión económica aislada, sino una encrucijada donde convergen tres dimensiones fundamentales: sostenibilidad ambiental, justicia social y viabilidad económica territorial.
Evidencia empírica: crecimiento económico sin desarrollo equitativo
La República Dominicana ha mostrado un crecimiento sostenido en sectores extractivos y productivos; sin embargo, la evidencia demuestra que dicho crecimiento no siempre se traduce en bienestar territorial.
En Cotuí, la minería ha generado ingresos significativos. En 2025, las exportaciones mineras superaron los US$2,590 millones, representando uno de los principales rubros de exportación del país.
No obstante, estudios de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe han señalado que la riqueza extractiva en América Latina no garantiza automáticamente reducción de desigualdades ni desarrollo humano sostenible.
En Haina, uno de los principales polos industriales del país, persisten problemáticas de contaminación ambiental y desigualdad urbana, al punto de requerir intervenciones estatales de restauración ecológica en su cuenca hídrica. Este caso evidencia la externalización de costos ambientales en territorios productivos.
En Punta Cana, el turismo representa uno de los pilares económicos nacionales; sin embargo, informes de organismos internacionales han advertido sobre brechas en la distribución territorial de los beneficios del crecimiento turístico, especialmente en comunidades periféricas.
