POR MORIAH BALINGIT
WASHINGTON (AP) — Una jueza federal en Rhode Island anuló una directiva del gobierno del presidente Donald Trump que habría impedido que algunos inmigrantes accedieran a ciertos programas federales, incluidos los preescolares Head Start, las clínicas de salud comunitarias y los programas de educación para adultos.
La jueza de distrito Mary McElroy, nombrada por Trump en 2019, ya había impedido temporalmente el año pasado que el gobierno siguiera adelante con la norma, por lo que nunca se implementó. El lunes, convirtió esa orden judicial en permanente.
La norma del gobierno republicano habría reclasificado amplios segmentos de programas de servicios sociales financiados con fondos federales en virtud de una ley de la era del expresidente Bill Clinton, la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales, volviéndolos inaccesibles para inmigrantes considerados “extranjeros no calificados”.
Esa categoría incluye a adultos y niños que están en Estados Unidos de manera ilegal. Pero también comprende a quienes tienen ciertas visas de trabajo y a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que otorgó protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo a algunos inmigrantes que llegaron al país ilegalmente cuando eran niños.
Esos grupos ya tienen prohibido recibir beneficios completos de Medicaid y asistencia alimentaria y en efectivo financiada con fondos federales.
El gobierno de Trump emitió su directiva en julio de 2025. Fiscales generales demócratas de 20 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda.
En su fallo, McElroy declaró que la directiva es “ilegal” y sostuvo que el gobierno de Trump no siguió los cauces adecuados para reescribir las normas. Calificó las acciones del gobierno como “procedimentalmente inválidas”.
Hasta el momento, las solicitudes de comentarios hechas a los departamentos de Trabajo, Educación, Justicia y Salud y Servicios Humanos, que fueron señalados como demandados, no han tenido respuesta.
La Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos que supervisa Head Start, indicó que no comenta sobre litigios en curso.
En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien formó parte de los demandantes, celebró el fallo de la jueza.
“Desde las pruebas de detección de cáncer hasta los bancos de alimentos y la educación en la primera infancia, los intentos del gobierno federal de diezmar la red de protección social habrían sido catastróficos para las familias trabajadoras”, afirmó.
Defensores de Head Start habían expresado su preocupación de que la nueva política habría perjudicado a las comunidades inmigrantes al privarlas de servicios de salud y oportunidades educativas.
Según la demanda presentada por los estados, las cargas administrativas de implementar la nueva norma habrían provocado el cierre de muchos programas Head Start con recursos insuficientes.
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