La iniciativa contempla establecer oficiales de Derechos Humanos en todas las cárceles. La misma comitiva visitó los centros Haras Nacionales y Las Parras, ubicados en el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, RD. – Una comitiva encargada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, realizó un recorrido por el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago y el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en La Vega.
Fue integrada por Noel Sued Canahuate, viceministro de Derechos Humanos; Juan Dionicio Rodríguez, viceministro de Políticas Públicas; y Sandra Fernández, directora de Políticas Penitenciarias y Correccionales.
Las visitas tuvieron como propósito realizar un levantamiento de las condiciones de ambos centros y de la situación de las personas en estos. Es decir, la comitiva hace un levantamiento sobre la situación de los internos, el personal que labora en estos, al igual que las personas que visitan estos lugares.
Debemos recordar, que el pasado mes de julio, la misma comitiva visitó los centros Haras Nacionales y Las Parras, ubicados en el Gran Santo Domingo.
Todos estos establecimientos han sido priorizados para la inminente implementación de la iniciativa de Oficiales de Derechos Humanos ante el Sistema Penitenciario y Correccional, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y de promoción de una cultura de respeto a los derechos de las personas.
Los Oficiales de Derechos Humanos tendrán como misión velar por la protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, así como del personal penitenciario, administrativo, los familiares y las personas que visitan los centros.
Su labor estará orientada al monitoreo permanente de las condiciones de los recintos, la identificación de situaciones que requieran intervención y la elaboración de informes técnicos, los cuales serán remitidos al Ministerio de Justicia para la adopción de las medidas correspondientes.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la construcción de un sistema penitenciario más humano, transparente y respetuoso de la dignidad de todas las personas, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
