Madrid. –Las críticas de dominicanos residentes en España se suman al debate por los RD$32.3 millones que el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) destinó a viáticos y boletos aéreos en clase ejecutiva entre enero de 2025 y julio de 2026, período en el que sus integrantes recibieron 800 dólares diarios por jornada de misión al exterior.
Entre los desplazamientos cuestionados, uno de los que mayor debate ha generado es el realizado por los magistrados Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Samir Rafael Chami Isa para participar en una formación sobre ciberseguridad en León, España. Ambos permanecieron 15 días, del 12 al 26 de julio, y recibieron 12,000 dólares cada uno por concepto de viáticos.
Entre las voces críticas figura Nirka de la Rosa, abogada y presidenta de la Asociación de Dominicanos en Fuenlabrada, quien comparó el monto recibido diariamente con el salario mínimo mensual en España. Además, reclamó al órgano electoral una explicación pública sobre el uso de sus recursos y calificó estas acciones como «abusivas».
Del mismo modo, el politólogo Luis Columna, quien aspiró a integrar el pleno de la JCE durante el proceso de selección para el período 2020-2024, sostuvo que se trata de «un manejo impropio de los recursos de la institución».
Columna cuestionó que un estudiante dominicano becado en España reciba entre 750 y 800 dólares mensuales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), mientras el viático diario asignado a los magistrados alcanza esa misma cantidad por una sola jornada de formación.
De igual forma, William Reynoso, comunicador y presidente de la Asociación De la Mano con la Patria, en Valencia, cuestionó el monto tomando como referencia el costo real de vida en España. A su entender, una persona puede cubrir su alimentación diaria con unos 40 euros, por lo que considera desproporcionados los 800 dólares recibidos cada día por los funcionarios.
Reynoso también relacionó este episodio con la baja participación electoral de la diáspora y sostuvo que los cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos por parte de políticos y funcionarios desalientan a los dominicanos residentes en el exterior a acudir a las urnas.
Por su parte, la JCE defendió sus misiones internacionales y precisó que los viáticos están establecidos desde 2005 mediante el Acta 18/2005. Asimismo, aseguró que cada desembolso responde a una finalidad institucional debidamente documentada.
El debate se produce en momentos en que el órgano electoral enfrenta el desafío de desarrollar el proceso de cedulación en el exterior, una tarea que será determinante para facilitar la participación de la diáspora dominicana en las elecciones de 2028.
