La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo informó este jueves que trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley orientado a modificar el artículo 1 del Código Civil de la República Dominicana.
El objetivo central de esta iniciativa es adecuar el marco legal vigente a la realidad jurídica, territorial e institucional surgida tras la creación de la provincia de Santo Domingo.
La propuesta de reforma busca que el punto de partida para el cumplimiento obligatorio de las leyes en la provincia de Santo Domingo coincida con el del Distrito Nacional.
Actualmente, el artículo 1 del Código Civil establece plazos diferenciados para que las normas se consideren conocidas en la capital frente al resto de las provincias del país.
Desde la Consultoría Jurídica se subraya que la actual redacción del texto legal carece de sentido lógico y práctico tras la promulgación de la Ley número 163-01, la cual creó la provincia de Santo Domingo a partir de territorios que originalmente integraban el Distrito Nacional.
«La creación de esta provincia no solo implicó un fraccionamiento territorial, sino una transformación profunda en la arquitectura jurídica de lo que hoy conocemos como el Gran Santo Domingo», destaca el organismo.
Antecedentes y necesidad de la reforma
A pesar de que en septiembre de 2002 la Ley número 141-02 estableció un régimen judicial propio para la nueva demarcación, se mantuvo una disparidad en los plazos de vigencia de las leyes entre la capital y el territorio del cual esta se desprendió.
La iniciativa legislativa que prepara el Poder Ejecutivo pretende corregir esta incongruencia histórica, permitiendo que los efectos de la publicación oficial de las normas sean armónicos y simultáneos en ambos territorios, dada su interconexión institucional y geográfica.
Compromiso con la seguridad jurídica
Con este paso, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la actualización del ordenamiento jurídico nacional y la coherencia normativa.
Esta intervención responde a la necesidad de ofrecer respuestas legislativas precisas ante la evolución institucional del país, garantizando así una mayor seguridad jurídica para todos los ciudadanos y las instituciones del Estado.
