NUEVA YORK (AP) — El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública el miércoles en Nueva York en la que se los señala de haber colaborado en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontraba detenido.
Los acusados ante el tribunal federal de Manhattan son funcionarios y exfuncionarios del gobierno local o de las fuerzas policiales de Sinaloa, entre ellos el político oficialista Rocha Moya, quien gobierna el violento estado de Sinaloa desde noviembre de 2021.
Las autoridades afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cartel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
El Cartel de Sinaloa es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
El fiscal federal Jay Clayton calificó al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
Añadió que el cártel y otras organizaciones de narcotráfico “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos”.
La acusación “pone de manifiesto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses”, afirmó Terrance Cole, director de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Los funcionarios acusados “aprovecharon sus cargos de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, facilitando así el tráfico de drogas letales hacia nuestro país”.
Entre los acusados hay al menos tres funcionarios —Rocha, el gobernador, el alcalde de la capital de Sinaloa y un senador— que están afiliados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados a ningún partido mexicano.
Tras el anuncio del proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado que la tarde del martes había recibido solicitudes de extradición de diversas personas de parte de Estados Unidos, pero no ofreció detalles.
La cancillería indicó que de acuerdo con la ley vigente sobre extradición se envió la información a la Fiscalía General de la República para que evalúe las solicitudes.
En el comunicado se refirió que la documentación recibida por parte de la embajada de Estados Unidos, que ya fue revisada por la cancillería, “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que enviará a la embajada estadounidense una nota de “extrañamiento” debido a que “en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”.
Rocha Moya, de 76 años, rechazó de forma categórica las imputaciones en su contra y dijo en su cuenta de X que “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Agregó que “así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
El gobernador, que fue un firme aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de su política de no confrontación directa con los cárteles de la droga, sostuvo que el ataque no es sólo contra su persona sino contra el movimiento político oficialista y sus liderazgos, y se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional” y la soberanía de México.
La Embajada de Estados Unidos en México expresó en un comunicado que tomó nota de los cargos penales contra el gobernador y otras personas, e indicó que aunque no se pueden pronunciar sobre los hechos imputados, aclaró que “la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción” estadounidense.
“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad”, refiere el comunicado que difundió en su cuenta de X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en el que se ratificó el compromiso por “una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida, y el Estado de derecho”.
Las acusaciones se producen después de que Johnson declaró la semana pasada que el gobierno estadounidense pondría en marcha una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos que, según él, estaban vinculados al crimen organizado.
“La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, sostuvo el diplomático, y agregó que “el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.
Ante las versiones de prensa de que los comentarios de Johnson formarían parte de un plan de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, Sheinbaum dijo el lunes en su conferencia matutina que “si hay una investigación de alguna fiscalía a algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras”.
Los fiscales estadounidenses presentaron anteriormente cargos por tráfico de drogas contra un ex miembro del gabinete mexicano, Genaro García Luna, acusado de aceptar sobornos para ayudar al Cartel de Sinaloa mientras luchaba contra la organización cuando dirigía la Secretaría de Seguridad federal. García Luna fue declarado culpable en 2023 y condenado a más de 38 años de prisión. Él negó las acusaciones y está apelando su condena.
