El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió sobre el preocupante incremento de muertes atribuidas a la Policía Nacional en los últimos tres años, calificando esta tendencia como «una alerta ética y democrática» que obliga a replantear el modelo de seguridad ciudadana en República Dominicana.
A través de una publicación en su cuenta oficial X (antiguo Twitter), Ulloa señaló que en 2023 se registraron 68 muertes atribuidas a agentes policiales, cifra que ascendió a 120 en el año 2024. En lo que va de 2025, ya suman 170 muertes bajo estas circunstancias.
Esto representa una tasa de 1.5 por cada 100,000 habitantes, que, según explicó es casi cuatro veces superior a la de los Estados Unidos, donde se reporta una tasa de 0.36 por cada 100,000.
«Tras ocho años de descensos (2015–2022), este repunte no es un dato más: es una alerta ética y democrática que nos obliga a repensar el rumbo de la seguridad ciudadana.
Si nos comparamos con la región, la tasa dominicana está muy por encima de países como Chile, Costa Rica o Uruguay, que registran niveles inferiores a 0.5 por 100,000″, afirmó Ulloa.
Comparación de tasa
En ese sentido, Ulloa comparó la tasa dominicana con la de otros países de la región, señalando que se encuentra muy por encima de naciones como Chile, Costa Rica o Uruguay, las cuales registran niveles inferiores a 0.5 por 100,000 habitantes.
«Nos acercamos a realidades como Brasil o México, señalados reiteradamente por organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales», escribió.
Ulloa refirió que la Constitución dominicana no admite ambigüedades en este tema. El artículo 37 establece que «la vida es inviolable», mientras que el artículo 38 consagra que «la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico y de la convivencia pacífica».
El Defensor del Pueblo también subrayó los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6), que proclama que «nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente», y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4), que ordena a los Estados a «proteger ese derecho por ley y garantizarlo en toda circunstancia».
Estos instrumentos imponen al Estado la obligación doble:
Abstenerse de ejecutar arbitrariamente
Prevenir
Investigar
Sancionar
Reparar cualquier violación
Finalmente, Ulloa afirmó que una verdadera política de seguridad ciudadana solo es legítima si se enmarca dentro del respeto a los derechos humanos y la Constitución.
«La República Dominicana tiene el deber histórico de convertirse en un ejemplo regional de seguridad con derechos, porque un Estado fuerte no es el que ejecuta: es el que protege, ampara y dignifica la vida de todos», manifestó.
