El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) anunció que asumirá la representación del Estado en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), proceso en el que se investiga un déficit millonario originado en su gestión administrativa.
La decisión se enmarca en el mandato presidencial de que el Estado actúe como parte civil en todos los casos donde se haya producido un perjuicio a las finanzas públicas. El ERPP explicó que su papel será identificar responsables, reclamar resarcimiento y velar porque el dinero comprometido regrese a las arcas nacionales.
Fernando P. Henríquez, coordinador general del equipo, acompañado de los coordinadores Rafael Rivas y Manuel Conde, declaró que «la defensa del patrimonio público no admite condicionamientos. Allí donde se verifique un perjuicio al Estado, habrá actuación procesal, sin importar fecha, período gubernamental o persona involucrada».
Lo que se sabe de Senasa
El caso Senasa se convirtió en uno de los más recientes expedientes bajo la lupa de las autoridades tras revelarse que el déficit de la institución podría superar los 20,000 millones de pesos, cifra muy por encima de lo informado en un principio.
La situación provocó la renuncia de funcionarios y abrió un debate sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Con la inclusión del ERPP, el Estado busca reforzar su estrategia jurídica para garantizar que las responsabilidades recaigan en quienes administraron los fondos y, de ser posible, recuperar los recursos comprometidos.
Además de Senasa, el equipo intervendrá en el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde se investigan anomalías en contrataciones y compras.
Estos procesos se suman a los expedientes en los que ya participa el Estado como querellante: Antipulpo, Calamar, Coral, Medusa, Operación 13 (Lotería) e Intrant.
«El trabajo del equipo no son enunciados, sino actuaciones concretas en las que el Estado, como víctima, ha actuado para resguardar sus derechos», indicó el comunicado.
Mandato de largo alcance
El ERPP reiteró que su labor se mantendrá sin distinción de gobiernos ni períodos. «El compromiso del Estado no distingue gestiones.
En contratos de salud, educación, transporte u otros sectores, donde se detecten anomalías, el ERPP impulsará acciones legales para que todo perjuicio comprobado tenga reparación efectiva», subraya el documento.
