Mendoza prestaba entre cinco y quince mil pesos a personas en condiciones vulnerables, a cambio de quedarse con sus tarjetas de asistencia social.
Máximo Mendoza no usaba cobradores, ni amenazas, ni demandas. Cuando alguien no le pagaba un préstamo, recurría a un método fuera de lo común: lo declaraba muerto. Así lo estableció el Ministerio Público, que lo acusa de falsificar documentos para inscribir defunciones falsas de al menos seis personas, a quienes señalaba como deudores.
El expediente revela que Mendoza, arrestado en Mao, en la provincia Valverde, durante un allanamiento, se movía entre unidades de atención primaria y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE) con un guion aprendido: fingía ser primo, tío o incluso esposo de la víctima, llegaba con la cara de la congoja bien ensayada y conseguía que médicos en pasantía, sin exequátur, llenaran los formularios de defunción. Después, completaba el trámite en la JCE.
De préstamos miserables a muertes inventadas
El negocio era tan retorcido como pequeño. Mendoza prestaba entre cinco y quince mil pesos a personas en condiciones vulnerables, a cambio de quedarse con sus tarjetas de asistencia social, esas que apenas cubren 2,100 pesos mensuales. Cuando el cobro se complicaba, echaba mano a su «solución definitiva»: registrar al deudor como cadáver en papeles oficiales.
El Ministerio Público sostiene que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 alcanzó a seis víctimas. En cinco casos completó todo el proceso en Salud Pública y la JCE; en uno, solo en Salud Pública. En todos, el resultado era el mismo: en documentos, el deudor aparecía como muerto.
Los fiscales describen cómo Mendoza desplegaba su habilidad para simular llanto y angustia, aparentando la aflicción de un familiar que recién había perdido a un ser querido. Esa actuación fue la llave para abrir puertas en clínicas y oficinas estatales, y para que su fraude quedara estampado con sellos y firmas oficiales.
El proceso en tribunales
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez y Esther María González Peguero, solicitó un año de prisión preventiva como medida de coerción, alegando que se trata de un caso de tramitación compleja por la multiplicidad de víctimas, la reiteración del fraude y el daño causado tanto al sistema de salud como al registral.
La jueza Yiberty Polanco Herrán, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde, aplazó la audiencia para el próximo viernes 12 de septiembre a las 9:00 de la mañana, acogiendo la petición de la defensa.
Mientras tanto, el Ministerio Público insiste en que Mendoza no solo violó artículos del Código Penal y la Ley 4-23 de actos del Estado Civil, sino que también convirtió el registro de defunciones en un mecanismo de cobro, jugando con la identidad y la dignidad de los más pobres.
