-La jueza también dictó presentación periódica e impedimento de salida como medida de coerción.
-La audiencia se extendió hasta pasada la 1:30 de la madrugada del jueves.
Luego de más de 12 horas de litigación, Fátima Veloz, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la madrugada de este jueves medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por el derrumbe de la discoteca Jet Set, donde fallecieron 235 personas y más de 180 resultaron heridos.
La jueza Veloz impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida para ambos.
Ahora, los dueños del que fuera uno los centros de diversión más icónicos del país esperan el pago de la fianza y la notificación al tribunal para abandonar la prisión del cuarto piso de la Fiscalía del Distrito Nacional, donde permanecen el jueves pasado, cuando quedaron bajo arresto.
El Ministerio Público seguirá el curso de la investigación en la marcha.
«Aquí hay una realidad, una realidad objetiva, nadie en la calle que cometa cualquier situación, en una medida de coerción tiene que ser declarado culpable o inocente, ese es el gran aprendizaje. El gran aprendizaje es lo que dijo la jueza, las medidas de instrucción tienen un carácter instrumental para que se presenten al proceso, y el señor Espaillat se ha presentado a todas», manifestó Valerio.
Dijo que estudian el peritaje presentado por el Ministerio Público y que fijarán posición.
En la audiencia había casi 80 afectados en calidad de querellantes. Otros 40 acordaron con los propietarios de Jet Set para no demandar en la parte civil.
Ministerio Público apelará
De inmediato, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, informó que apelará la decisión, porque, según consideró, la jueza no valoró el daño a la sociedad, «sobre todo, a 235 personas que murieron».
El Ministerio Público solicitó imposición de prisión preventiva como medida de coerción para Antonio Espaillat y domiciliaria para su hermana.
Camacho resaltó que todos las partes valoraron la investigación del Ministerio Público y recordó la necesidad de la aprobación de un nuevo Código Penal para enfrentar estos tipos de problemas que afectan a la sociedad.
Los abogados de los afectados, de su lado, pedían que se cambie la acusación como homicidio voluntario y que se imponga prisión preventiva.
Comunicado de la familia
Previo a la decisión del tribunal, la familia Espaillat emitió un comunicado en el que afirma haber brindado asistencia directa a más de 40 personas afectadas, sin condiciones ni publicidad. «Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque es lo correcto», dijo.
La familia enfatizó que su decisión de hablar no responde al interés de justificarse públicamente, sino de compartir su versión con el país y pedir justicia sin prejuicio. «Reiteramos nuestro respeto y apoyo incondicional a las familias que sufren».
