Los reputados abogados Manuela Ramírez y Carlos Moreno respaldaron la legitimidad y los múltiples beneficios que generan los acuerdos suscritos por el Ministerio Público con imputados en casos judiciales de alto perfil, destacando su importancia para el sistema de justicia penal en la República Dominicana.
Ramírez, quien ha participado en la firma de diversos acuerdos de este tipo, subrayó que todos los procesos e investigaciones del Ministerio Público se han llevado a cabo “dentro del marco de la legalidad y son esenciales para la justicia penal”.
Explicó que todos estos acuerdos han sido homologados por los jueces correspondientes, cumpliendo estrictamente con los criterios establecidos por la ley.
Sostuvo que los mismos son mecanismos previstos por la ley en los cuales el imputado reconoce su culpabilidad y su participación en los hechos investigados, y que antes de suscribirlo, el Ministerio Público lleva a cabo una investigación exhaustiva, basada en pruebas sólidas que se confirman durante el proceso.
Puntualizó que los acuerdos que realiza el Ministerio Público ofrecen una amplia gama de beneficios que impactan positivamente tanto al sistema de justicia como a la sociedad dominicana en su conjunto.
“Lo primero es para el descongestionamiento del sistema de justicia penal. Los acuerdos abrevian el aspecto económico del Estado porque un juicio que dure cuatro, cinco o seis años, sobre todo en criminalidad compleja que su duración siempre sobrepasa los cuatro años, es casi imposible recuperar los fondos de una manera eficiente y rápida y obtener una respuesta oportuna del sistema, si no es con una salida alterna, lo que denominamos acuerdos”, detalló.
Añadió que “los acuerdos son útiles porque reparan de manera eficiente. Los acuerdos ofrecen justicia oportuna. Los acuerdos fortalecen la acusación del Ministerio Público y acreditan responsabilidad y pruebas con respecto a la participación de otros y del mismo investigado que ofrece el acuerdo”, dijo.
Sobre la recuperación de fondos públicos a través de estos acuerdos, Ramírez destacó que es un proceso altamente eficiente, rápido y oportuno, asegurando que el grado de participación del investigado corresponde directamente a su nivel de implicación en los hechos.
Además, subrayó que quien firma un acuerdo y colabora con la investigación contribuye a fortalecer la acusación, beneficiando a la sociedad al proporcionar pruebas claves que solo pueden obtenerse mediante testigos directos.
De igual manera, el abogado Carlos Moreno, manifestó que los criterios de oportunidad son un tipo de acuerdo que tienen grandes beneficios para la sociedad y para la justicia.
Recordó que los mismos se tratan de procesos que históricamente en la República Dominicana no habían llegado a un fin con una condena.
“Estamos hablando de procesos de un volumen de cantidad de imputados, de un volumen inmenso de cientos y muchos miles de elementos de prueba que por su complejidad necesitan de una colaboración o participación de personas primarias en el proceso”, manifestó.
Aclaró que las personas que firman un acuerdo de este tipo, no solamente aportan pruebas y establecen cómo sucedieron los hechos punibles, sino que además involucran a otros imputados en el proceso.
“Entonces nos beneficiamos primero con una investigación efectiva con respecto a poder tener un proceso bien blindado y segundo, de que se convierten en colaboradores que luego pasan a ser testigos principales de la acusación para poder demostrar cómo sucedieron los hechos”, precisó.
“Antes se hacían de manera secreta, pero además se hacían de una manera selectiva. En este caso, los criterios de oportunidad se están utilizando en los procesos que más necesarios son”, dijo.
Añadió que los acuerdos de oportunidad han permitido que el Ministerio Público haya podido eficientizar la investigación para presentar una acusación en un tiempo récord y con testigos idóneos. Y que, además, también se han permitido recuperar cientos de miles de millones de pesos de una manera eficaz.
“Nosotros lo que entendemos es que los criterios de oportunidad son figuras jurídicas alternativa que, en cuanto al tiempo, ayudan a que los procesos puedan culminar en un tiempo eficiente. Y número dos, que puedan recuperarse capitales y bienes que fueron sustraídos y que no sean disipados”, precisó.
En cuanto a la confusión generada en la opinión pública sobre un caso sonado de corrupción donde se afirmó que los bienes no fueron decomisados, el jurista aclaró que esto se debe a un malentendido sobre el término “decomiso”.
Explicó que el decomiso solo ocurre tras una condena penal. En este caso, lo que realmente sucedió fue una “devolución voluntaria” de bienes obtenidos de manera ilícita, lo cual sí se llevó a cabo.
