El Foster usaba carnet falso de la Policía.
La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que además de hacerse pasar por rescatista ante los medios de comunicación tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, está acusado de hacerse pasar por “asimilado” de la Policía Nacional utilizando un carnet falsificado.
La medida, presentada por la fiscal Francisca Arias Patrocino, adscrita al Departamento de Investigación de Falsificaciones, detalla que el imputado Rafael Rosario Mota (el Foster) fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Las investigaciones, realizadas por la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), de la Policía Nacional, determinaron que el imputado se hacía pasar por policía asimilado a través de publicaciones en redes sociales en las que se promovía, a pesar de ser falso, como una persona que participaba en labores de socorro, incluso vendió la idea (aunque se demostró que era mentira) de que estuvo como recatista de víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091. No obstante, las verificaciones realizadas por los sistemas policiales confirmaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
A solicitud de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, la Dirección de Recursos Humanos certificó que Rafael Rosario Mota nunca ha pertenecido a dicha institución.
Asimismo, una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva, y practicada por la Policía Científica, concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, en virtud de que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
Además, actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad que cometía, en violación expresa al ordenamiento jurídico.
En tal sentido, se considera la prisión preventiva como la medida más idónea para garantizar su presencia durante todo el proceso judicial.
