Tribunal rechaza recurso de oposición de los procesados y establece que el proceso deberá comenzar el próximo 3 de septiembre
SANTO DOMINGO (RD).- El Ministerio Público está preparado para presentar las pruebas con las que demostrará la culpabilidad de Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes en el juicio por corrupción administrativa que se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En la audiencia programada inicialmente para este martes el órgano acusador estuvo representado por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado, quienes confirmaron al tribunal que están preparados para conocer el juicio, previo a su aplazamiento para el próximo 3 de septiembre.
Al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar adelantó que en la próxima audiencia presentarán sus alegatos de apertura y sus testigos para demostrar la culpabilidad de cada uno de estos imputados.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para conocer la audiencia que se sigue contra Hugo Beras, José Gómez Canaán y compartes; sin embargo, como a veces pasa, o ya muy comúnmente, las defensas tenían otro plan”, sostuvo.
En ese sentido, dijo que los imputados Manuel Mora, Mariano Gustini y la empresa PagoRD vinieron con cambio de abogados y uno de ellos sin abogado, además de que le pidieron al tribunal tiempo y reposición de plazos.
“A pedimento del Ministerio Público, el tribunal rechazó reponerle los plazos porque ya habían hecho uso de ellos; hicieron un recurso de oposición y otra vez el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público y le rechazó acogerles los plazos y dijo que el proceso debe comenzar este próximo 3 de septiembre a las 9:00 de la mañana”, detalló Pérez Fulcar.
Con relación a las órdenes de conducencia dictadas contra algunos testigos, dijo que corresponden a los de las defensas.
“A los testigos del Ministerio Público no se les dictó orden de conducencia. El Ministerio Público se hizo cargo de los que no estuvieron presentes, porque tenían excusas y los que estuvieron presentes quedaron convocados. No hay conducencia”, aclaró, al tiempo de precisar que a los que le pidieron conducencia fue la defensa para sus testigos.
“El Ministerio Público tiene todos sus testigos y lo irá reproduciendo uno a uno de acuerdo al orden de pruebas que se depositó en el tribunal”, subrayó.
Debido a que dos acusados no tenían representación legal o cambiaron su defensa técnica, las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez aplazaron la audiencia para el próximo 3 de septiembre del año 2026.
El tribunal rechazó la reposición de plazos solicitado por las defensas.
Además dictó orden de conducencia contra aquellos testigos que fueron notificados y no se presentaron en audiencia.
Luego de la decisión de las juezas, algunas barras de la defensa presentaron un recurso de oposición a la decisión de rechazar el otorgamiento de reposición de plazos, a lo cual el tribunal mantuvo su decisión.
El proceso penal
Los procesados por corrupción administrativa en este caso, quienes fueron enviados a juicio el pasado mes de junio por decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.
El auto de apertura a juicio fue dictado contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S.
Además por el caso fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, fueron enviados a juicio Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Esta organización criminal estaba conformada por funcionarios públicos, ex servidores estatales y particulares con antecedentes de haber participado en maniobras fraudulentas, quienes, aprovechando su posición o sus conexiones políticas y empresariales, vulneraron los principios de transparencia, libre competencia y legalidad que rigen la contratación pública.
Su actuación se caracterizó por una planificación meticulosa, el uso de sociedades interpuestas, prestanombres y documentos falsos, con el fin de garantizar el control total del proceso licitatorio y asegurar la adjudicación irregular del contrato por un monto de RD$ 1,317,350,997.00, en favor de empresas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
