Guillermo Moreno la califica de «corrupción legalizada» y llama al Ministerio Público a investigar a quienes las venden a terceros.
La reprobación casi general a las exoneraciones de impuestos a dos vehículos cada cuatro años que poseen los legisladores, ha llevado a que se inicien, sin éxito, múltiples intentos de limitar o eliminar ese privilegio.
Por la presión que surge cada cierto tiempo, en ambas cámaras se han sometido proyectos de leyes para poner tope o desaparecer esa facultad creada por ley y para beneficios propios por parte de los congresistas, piezas que solo se quedan en la intención de los muy pocos senadores y diputados que la proponen.
En los años 2011 y 2012 se sometieron dos proyectos de leyes por los senadores de ese entonces Tommy Galán y Félix Nova, los cuales se volvieron a discutir cuatro años después.
Las propuestas, una buscaba poner un límite de 90 mil dólares al costo del vehículo de motor importado, la otra proponía la eliminación total del beneficio a los congresistas.
En el 2010, la organización apartidista Participación Ciudadana sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que todavía no existía el Tribunal Constitucional, y ya creada esta alta corte también la Fundación Transparencia Total por la Democracia igualmente se animó a elevar una acción en contra de la cuestionada Ley 57-96.
La fundación alegaba que la Ley 57-96 para que los diputados y senadores importaran vehículos de motor sin pagar al fisco es un privilegio que viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República.
La fallida reforma fiscal que sometió el Gobierno del presidente Luis Abinader en octubre de este año y que fue retirada del Congreso pocos días después, también contemplaba derogar la Ley 57-96.
No obstante, el mandatario ha insistido en que los congresistas deben asumir su «idea» y «limitarse las exoneraciones: limitarse a una y limitar el monto también».
Dos proyectos más
Este miércoles, los senadores de María Trinidad Sánchez y San Juan, Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista, anunciaron el sometimiento de dos piezas diferentes, uno para eliminar una de las dos exoneraciones con las que cuentan los legisladores, y otra para eliminarla totalmente.
La de Bautista procura suprimir totalmente la Ley 57-96. En cambio, la de Victoria Yeb solo una de las dos importaciones libres de impuestos.
El pasado martes, un grupo de diputados reaccionó a las críticas, de poder traer al país vehículos de alta gama sin límite de costos y sin pagar al fisco, respondiendo que también hay que eliminar los privilegios en combustibles, viáticos y otros beneficios que poseen funcionarios del Poder Ejecutivo.
«Corrupción legalizada»
El exfiscal del Distrito Nacional Guillermo Moreno calificó las exoneraciones otorgadas a los legisladores dominicanos, «como una forma de corrupción legalizada que atenta contra los recursos del Estado».
«Es repulsivo que quienes son responsables de elaborar las leyes se beneficien de este privilegio y, al hacerlo, incurran en fraude. Esto constituye un verdadero acto de estafa contra el Estado», afirmó Moreno, enfatizando que la práctica no solo es inmoral, sino ilegal.
Otros beneficios de los senadores
Otro de los beneficios muy criticado que poseen, por ejemplo, los senadores es el llamado «barrilito», debido a que la justificación para cobrarlo es que son para «ayudar» a los ciudadanos de sus provincias.
Los que cuestionan esos recursos que reciben esos legisladores, cuyo monto depende de la proporción de habitantes de las jurisdicciones que representan y que puede ascender hasta más de un millón de pesos, alegan que los congresistas no fueron electos para ofrecer «ayudas», sino para fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Sobre la venta del beneficio a terceros, Moreno instó al Ministerio Público a investigar y actuar contra los legisladores involucrados «en la venta fraudulenta de estas exoneraciones», al señalar que constituyen un mecanismo de enriquecimiento ilícito.
Moreno sostuvo que en Alianza País, el partido que lidera, sus legisladores han rechazado categóricamente este privilegio.
Tanto el diputado Fidelio Despradel (2016-2020) como Pedro Martínez (2020-2024 y 2024-2028) «han sido ejemplos de una política ética al no aceptar estas exoneraciones», recordó el exfiscal.
Otro jurista que explica que los congresistas violan la ley al vender el beneficio a terceros es Cándido Simó, quien asegura que la práctica de reventa no solo viola la ley de Aduanas, sino que podría configurarse dentro de la ley de lavado de activos, que sanciona la evasión de impuestos como una modalidad de crimen organizado, en algunos casos con consecuencias similares a las del terrorismo.
Fuente Diario Libre
