OPETUR, ASOTURE, ADAVIT y ADOTUR solicitaron al Gobierno la apertura de una mesa de trabajo con Turismo, Industria y Comercio, Medio Ambiente y DGII para revisar aplicación de la Ley 225-20 en la cadena turística
Santo Domingo, R. D.-Las principales asociaciones de turismo de la República Dominicana expresaron su preocupación por la forma en que se está aplicando la contribución para la gestión integral de residuos sólidos al sector turístico, al considerar que el esquema actual no reconoce la naturaleza de intermediación de las agencias de viajes, tours operadores, mayoristas turísticos y empresas de servicios vinculadas a la actividad.
La posición fue fijada durante una rueda de prensa conjunta integrada por ADOTUR, ADAVIT, OPETUR, y ASOTURE, donde el presidente de ADOTUR, Bladimir Monegro fungió como vocero, acompañado de los presidentes de las demás entidades del sector.
Las entidades explicaron que las empresas turísticas intermediarias manejan altos volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y no generan residuos sólidos en proporción a dichos volúmenes, por lo que advirtieron que aplicar la contribución sobre la facturación bruta puede crear una carga desproporcionada para las MiPymes turísticas.
“Somos MiPymes turísticas, somos intermediarios y somos comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos. La contribución debe responder a criterios técnicos, proporcionales y ajustados a la realidad de cada sector económico”, expresó Monegro en representación de las asociaciones.
Las organizaciones precisaron además que un mismo servicio turístico puede ser alcanzado varias veces dentro de la cadena de comercialización.
Por ejemplo, una agencia minorista puede comprar a un mayorista turístico, el mayorista contratar a un hotel, transporte o excursión, y cada actor de esa cadena estar sujeto nuevamente al cobro, aun cuando no todos generan residuos sólidos relevantes.
Según las asociaciones, este modelo encarece la operación, reduce la competitividad y presiona los márgenes de las empresas formales, con un impacto particular en las MiPymes turísticas, que ya enfrentan nuevas cargas derivadas de la reciente reforma fiscal y una menor capacidad para absorber aumentos desproporcionados.
Las organizaciones aclararon que no se oponen a la sostenibilidad ambiental ni al cumplimiento de la Ley 225-20. Por el contrario, afirmaron que respaldan una gestión responsable de los residuos sólidos, pero consideran que la aplicación de la contribución debe estar alineada con el propio espíritu técnico de la Ley.
Recordaron que la Ley 225-20 contempla que la fórmula de cobro debe tomar en cuenta factores diferenciadores, tales como la cantidad de residuos generados, los niveles de ingresos, los beneficios logrados por la actividad, el tipo de actividad productiva y la cantidad generada. Por tanto, señalaron que el reclamo del sector no procura una excepción, sino una aplicación coherente, justa y proporcional.
Asimismo, solicitaron mayor transparencia sobre los recursos recaudados desde la entrada en aplicación de esta contribución, así como información clara sobre los proyectos ejecutados, resultados alcanzados y mecanismos de fiscalización vinculados a la gestión integral de residuos sólidos.
“Antes de establecer aumentos desproporcionados, el país debe conocer con claridad qué se ha hecho con los fondos recaudados, cuáles resultados se han obtenido y cómo se está impactando realmente la gestión de los residuos sólidos”, declararon.
Así mismo, OPETUR, ASOTURE, ADAVIT y ADOTUR solicitaron la apertura de una mesa técnica con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la DGII y las demás instituciones competentes, a fin de revisar la aplicación de la contribución en el sector turístico.
Las asociaciones reiteraron su disposición de colaborar con las autoridades en la construcción de una solución equilibrada, que permita cumplir los objetivos ambientales de la ley sin afectar la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad financiera de las MiPymes turísticas.
