Por Felipe Lora Longo
Durante años, el discurso oficial quiso hacernos creer que cada mujer encontrada sin vida en un solar baldío o en su propia vivienda no era más que el resultado de una «tragedia pasional».
Un arrebato. Un episodio aislado. Pero cuando uno deja de escuchar los comunicados de prensa y se sienta a revisar las estadísticas del propio Gobierno Dominicano, las de la Procuraduría, las de la Policía, las de la ONE, la conclusión es tan clara como escalofriante: no hay tragedias individuales, lo que hay es un colapso institucional.
Y no lo dicen las activistas femeninas. Lo dicen los números oficiales de los últimos veinte años.
I. La epidemia de la permanencia
Revisemos el parte de defunción estadístico. Entre 2005 y 2023, el Estado dominativo registró, con sus propias manos, 1,802 feminicidios. Sumen bien: mil ochocientas dos mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres.
Lo más grave aquí no es solo la suma. Es la persistencia. Según las cifras que maneja el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría, durante dos décadas el país ha oscilado entre 140 y 180 muertes anuales, con un pico terrorífico de 233 en el año 2011.
¿Qué nos dice la lógica elemental? Si en veinte años no hay una reducción sostenida, no estamos ante una «emergencia».
Estamos ante una guerra silenciosa y normalizada. El Estado no ha logrado bajar la cresta de la ola; solo se ha limitado a documentar que tan alta es.
II. 2025: El espejismo de la estadística
El gobierno actual, mediante su boletín de noviembre de 2025, salió a anunciar una «reducción histórica» del 30.98%.
Dijeron que pasamos de 71 a 49 casos en el período comparado. Sonó muy bonito en el titular.
Pero aquí ocurre el primer fraude analítico. Mientras el Ejecutivo celebraba esos 49 casos, las cifras de sus propios observatorios y los registros periodísticos hablaban de 48 mujeres asesinadas solo hasta agosto y de una variabilidad constante que al cierre del año superaba las proyecciones oficiales.
Esta es la primera gran conclusión de este análisis: La República Dominicana no sabe cuántas mujeres mueren. No tienen un sistema unificado.
El Gobierno maneja una estadística; la Policía, otra; el 911, otra. Es el caos de la descoordinación. ¿Cómo se combate un enemigo cuyo número no se conoce con certeza?
III. El colapso de la lápida
Cualquier estrategia empieza con la documentación. En países con mínima seriedad institucional, usted tiene un portal único donde se georreferencia cada caso, se perfila al agresor y se le da seguimiento al proceso judicial.
En República Dominicana, los datos parecen mutar según quien los toque.
La Procuraduría cuenta una cosa.
El Ministerio de la Mujer recopila otra.
Interior y Policía anuncia otra distinta cuando lanza un «plan».
Lo que no se mide bien, no se atiende. La fragmentación estadística no es un error técnico; es una decisión política implícita que permite que la impunidad se vista de papeleo extraviado. Le llamo a esto: la invisibilización por burocracia.
IV. La danza de los planes inútiles
Hablemos de las «soluciones». El Gobierno anunció en agosto de 2025 un «nuevo plan de combate».
Meses después, Interior y Policía lanzó otra estrategia, mientras la Procuraduría estrenaba el programa «Savia».
¿No les parece sospechoso que cada seis meses haya un «nuevo plan» con nombre de flor o de sentimiento? La razón es simple: los anteriores fracasaron. El Estado es reactivo. Actúa después del asesinato, no antes.
Las estadísticas oficiales demuestran que la prevención es un verso en los discursos del 25 de noviembre. El resto del año, las mujeres están solas.
V. El rostro masculino y el silencio de las víctimas
Los datos forenses y judiciales son tenaces: la mayoría de estos crímenes los comete la pareja, el exesposo o el conviviente. Eso destruye el mito del «loco desconocido».
El feminicidio en RD es doméstico y es anunciado.
Aquí el dato más aterrador que arrojan las cifras oficiales de 2025: más del 80% de las víctimas jamás había presentado una denuncia previa.
¿Por qué no denunciaron? La respuesta es el espejo de nuestra podredumbre institucional.
Las mujeres saben que poner una denuncia en este país es muchas veces firmar su propia sentencia de muerte a manos de una justicia lenta, jueces que otorgan medidas de coerción laxas y fiscalías que revictimizan.
VI. Los huérfanos que nadie quiere ver
Finalmente, hablemos de la factura social. Cada una de esas víctimas oficiales (los 49 de 2025, los 71 de 2024) deja detrás una familia destrozada.
En la República Dominicana de las estadísticas frías, no existe un programa presupuestado y visible para atender a los hijos de las víctimas.
Los niños quedan en el limbo, entre la violencia de la calle y la indiferencia del Estado.
La tragedia termina archivada en un folio de la Procuraduría, mientras los responsables políticos se toman la foto con la cartulina que dice «Tolerancia Cero».
Las estadísticas oficiales dominicanas muestran un patrón innegable: tenemos veinte años de sangre, repartición de datos contradictorios, planes de choque que se oxidan a los tres meses y una incapacidad crónica para proteger a las mujeres antes de que el agresor compre el machete o el arma de fuego.
El feminicidio en República Dominicana no es un asunto de «moral y buenas costumbres».
Es un indicador de fallo sistémico. Mientras sigamos discutiendo sobre si fueron 48 o 49 muertes en lugar de instalar un sistema de alerta temprana real, las hijas de esta tierra seguirán siendo estadísticas. Y la estadística, aquí, es la antesala del cementerio.
