POR ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el lunes a Colombia responsable por el asesinato y otras agresiones cometidas en 2000 contra Jesús Ramiro Zapata, un defensor de derechos humanos y sindicalista a quien no le fue garantizada su seguridad pese a denunciar amenazas.
Zapata fue secuestrado y luego ejecutado en Segovia, en el noroeste del país, por personas que se identificaron como integrantes de grupos paramilitares, dedicados a combatir ilegalmente a las guerrillas de izquierda.
El tribunal consideró que los hechos ocurrieron en un “contexto de violencia política estructural en Colombia” que se caracterizó por la estigmatización de la disidencia política y la persecución a defensores de derechos humanos, docentes y sindicalistas como Zapata, y el “accionar de estructuras paramilitares frecuentemente en colaboración, tolerancia o aquiescencia de agentes estatales”.
La mayoría de los paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas entre 2003 y 2005, tras un acuerdo de paz en el que aceptaron someterse a un tribunal especial con el beneficio de pagar hasta ocho años de cárcel.
Zapata, quien también era un docente sindicalizado, denunció masacres cometidas en Segovia, un municipio del departamento de Antioquia.
Por su labor fue objeto de “hostigamiento estatal y paraestatal” desde 1990, que incluyó investigaciones penales sin sustento que lo señalaban erróneamente como guerrillero, interceptaciones telefónicas y detenciones arbitrarias.
El tribunal concluyó que el Estado colombiano “recopiló y utilizó de manera indebida e ilegal datos personales del señor Zapata en el marco de actividades de inteligencia, vulnerando su derecho a la autodeterminación informativa”, indicó el comunicado.
Durante el proceso, Colombia reconoció parcialmente su responsabilidad al reconocer que Zapata fue objeto de labores de inteligencia ilegales y que la fuerza pública contribuyó a su situación de riesgo cuando lo “obligó” a desplazarse forzadamente, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado en 1998 medidas cautelares a su favor.
Su asesinato no fue esclarecido, por lo que la Corte IDH concluyó que el Estado incumplió en su deber de debida diligencia en la investigación, con demoras injustificadas que derivaron en que no se identificara ni juzgara a los responsables.
El tribunal ordenó al Estado reparar a la familia de Zapata impulsando y concluyendo la investigación de su asesinato, garantizando que se rectifiquen y eliminen los datos del defensor en los archivos de inteligencia y reconociendo la responsabilidad por la muerte en un acto público.
