WASHINGTON (AP) — Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron a tres personas el lunes en un ataque contra una embarcación presuntamente dedicada al contrabando de drogas en el Caribe, según informaron, parte de la campaña de meses del gobierno del presidente Donald Trump contra supuestos traficantes.
Con esta ofensiva ya van 151 muertos desde septiembre de 2025, cuando el gobierno de Trump comenzó a atacar a quienes llama “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones.
Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los más de 40 ataques conocidos, el Comando Sur de Estados Unidos señaló que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.
Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación estuviera transportando drogas, pero publicaron un video en la red social X en el que se ve cómo destruyen una lancha pequeña con motores fuera de borda.
“Datos de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”, afirmó el Comando Sur en X. “Tres narcoterroristas varones murieron durante esta acción”.
Trump ha dicho que Washington está en un “conflicto armado” con los cárteles en América Latina, y ha justificado los ataques como una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a “narcoterroristas”.
Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse hacia Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.
Los ataques contra embarcaciones también provocaron duras críticas tras revelarse que las fuerzas armadas mataron a sobrevivientes del primer ataque contra una embarcación, al ejecutar un segundo ataque posterior.
El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos sostuvieron que fue legal y necesario, mientras que legisladores demócratas y expertos jurídicos alegaron que las muertes equivalen a asesinatos, si no es que un crimen de guerra.
