POR SAM METZ and NATALIE MELZER
RAMALA, Cisjordania (AP) — El gobierno de Israel solicitó el jueves a un tribunal que revoque la ciudadanía de dos hombres condenados por delitos de terrorismo, en lo que aparentemente sería la primera prueba para una ley que permite la deportación de ciudadanos palestinos que fueron encontrados culpables de ciertos crímenes violentos.
El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu presentó el lunes documentos judiciales que sostienen que la gravedad de los delitos –junto con los pagos que presuntamente recibieron de parte de un fondo de la Autoridad Palestina– son justificación para revocar la ciudadanía y expulsar a las personas condenadas por ataques violentos.
Aproximadamente el 20% de los ciudadanos israelíes son palestinos. Cuando se aprobó la ley, los críticos señalaron que era un claro ejemplo de la manera en que el sistema legal de Israel trata de manera distinta a ciudadanos judíos y palestinos.
Grupos defensores de derechos argumentaron que basar una ley de deportación en pagos de la Autoridad Palestina prácticamente limitaba su aplicación en función de la raza y excluía a los israelíes judíos —incluidos los colonos condenados por ataques contra palestinos— del riesgo de que se les revoque la ciudadanía.
Netanyahu ha sostenido desde hace tiempo que el fondo en cuestión recompensa la violencia, incluidos ataques contra civiles.
Funcionarios palestinos, sin embargo, lo han defendido como una red de seguridad para el amplio espectro de la sociedad que tiene familiares detenidos en Israel. Han desestimado el énfasis de Netanyahu en una porción relativamente pequeña de beneficiarios involucrados en ese tipo de ataques.
Ley de revocación de ciudadanía enfrenta su primera prueba
Netanyahu afirmó esta semana en un comunicado que se iniciaron procedimientos contra dos hombres y que se tienen previstos más casos.
Uno de los documentos judiciales a los que The Associated Press tuvo acceso detalla la solicitud contra Mohamad Hamad quien, según la petición del Estado, fue condenado por “delitos que constituyen un acto de terrorismo y por recibir fondos en relación con el terrorismo”.
Se alega que Hamad, un ciudadano de 48 años de Jerusalén Este, recibió un pago después de que fue sentenciado en 2002 por cargos relacionados con tiroteos y tráfico de armas. Pasó más de dos décadas en prisión antes de ser liberado.
La ley de 2023 se aplica a ciudadanos o residentes permanentes que hayan sido condenados por “cometer un acto que constituye una violación de lealtad al Estado de Israel”, incluido el terrorismo.
Hassan Jabareen, director general del centro legal Adalah de Israel, calificó las medidas adoptadas esta semana para la aplicación de esta ley como una “cínica medida propagandística” de Netanyahu.
Aseguró que revocar la ciudadanía es una violación a los principios más básicos del estado de derecho, entre ellos el de actuar contra personas que ya cumplieron sus condenas de prisión.
“El gobierno israelí está tratando de despojar a las personas del fundamento mismo mediante el cual se protegen todos los derechos: su nacionalidad”, afirmó el jueves.
Si el tribunal procede con el caso, Israel se convertiría en uno de los pocos países —incluido Bahréin— que revocan la nacionalidad a personas nacidas con ese estatus en su país.
Países como Reino Unido y Francia han despojado de la ciudadanía a personas con doble nacionalidad o naturalizadas que fueron condenadas por terrorismo, pero las convenciones internacionales prohíben en términos generales que un Estado despoje a alguien de su nacionalidad si eso lo deja apátrida.
Israel sostiene que los pagos de la Autoridad Palestina crean un vínculo suficiente para justificar el retiro de la ciudadanía y la deportación de esos ciudadanos a Cisjordania o Gaza.
La solicitud no indica a dónde se deportaría a los acusados.
__ Melzer informó desde Nahariya, Israel.
