La Pepca solicita imposición de penas que incluyen multas y la degradación cívica para el grupo que distrajo fondos de las arcas del Estado
El Ministerio Público depositó la apelación a la sentencia que sólo impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó que, en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400 salarios mínimos.
La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual, además, absolvió a varios de los procesados.
“Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad.
Para José Dolores Santana Carmona el Ministerio Público solicita que se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto por el Segundo Tribunal Colegiado, solicita que se le impongan diez años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
También solicita una condena de 10 años, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica para Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del procesado Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel Mendez Pineda.
En cuanto a Carlos Jose Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martin Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Angelo), el Ministerio Público pide la imposición de diez años de reclusión mayor y el pago de una multa de 200 salarios mínimos.
El órgano acusador pide una pena de cinco años de reclusión, y el pago de una multa de 200 salarios mínimos, para Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), mientras que, para Lima Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez busca cinco años de prisión, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica.
En cuanto a Aquiles Alejandro Christopher Sánchez el Ministerio Público solicita la imposición de dos años de prisión suspendida y la degradación cívica, y a Rafael Antonio Germosén Andújar a la pena de cinco años de prisión suspendida, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica.
Para las personas morales Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L., Editorama, S.A.S., R&T Construcciones e lnversiones, S.R.L., el órgano acusador pide que se le prohíba contratar con el Estado, su disolución, clausura y cierre, así como la cancelación de sus licencias, derechos y autorizaciones administrativas y estatales, además de una Multa de 200 salarios mínimos.
Decisión del tribunal en primera instancia
En el proceso, las juezas establecieron que en la recolección de las pruebas se cumplió con el debido proceso de ley, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de prisión.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas Solution Services CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
En tanto, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez.
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
