Santo Domingo.– El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Fadul, cuestionó la decisión del Gobierno de derogar el régimen de protección arancelaria establecido para el arroz.
Advirtió que las autoridades tienen la obligación de explicar al país cuál será el mecanismo que garantizará la supervivencia y competitividad de la producción nacional.
El ex diputado por Santiago sostuvo que el Gobierno no puede alegar sorpresa frente a una situación conocida desde hace años, debido a que la desgravación del arroz estaba contemplada en el calendario del DR-CAFTA.
Recordó que fue el propio presidente Luis Abinader quien en 2023 aseguró públicamente que no permitiría que se abriera el mercado arrocero y que protegería la producción nacional.
“El problema no es descubrir ahora que existe un acuerdo comercial. Eso lo sabía todo el mundo.
El problema es que el Gobierno tuvo años para prepararse, creó en 2024 un mecanismo para proteger al productor y ahora lo elimina sin decirle claramente al país qué instrumento efectivo ocupará su lugar.
No se puede desmontar primero la protección y después comenzar a buscar la solución”, afirmó.
Fadul señaló que detrás de esta discusión no solo están los intereses de grandes productores, sino miles de pequeños y medianos agricultores, empleos rurales y comunidades completas que dependen de esta actividad.
Confenagro estima que el sector agrupa alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
Reconoció que todo consumidor desea alimentos a precios más bajos, pero advirtió que una política de precios no puede construirse a costa de debilitar la capacidad productiva del país.
“El dominicano necesita comprar arroz a un precio razonable, pero también necesita que dentro de diez o veinte años República Dominicana continúe produciendo su propio arroz.
Proteger al consumidor y proteger al productor no pueden convertirse en objetivos enfrentados; para eso existe la política pública”, expresó.
Finalmente, reclamó al Gobierno transparentar los fundamentos técnicos que sustentaron la derogación, explicar las medidas compensatorias que serán aplicadas y presentar una estrategia de largo plazo para elevar la productividad y reducir los costos del arroz dominicano.
“Estados Unidos defiende legítimamente los intereses de sus productores.
Al Gobierno dominicano le corresponde hacer exactamente lo mismo, dentro de nuestros compromisos internacionales, con los productores dominicanos. Lo que no puede hacer es dejarlos solos frente a una competencia para la cual durante años dijo que los estaba preparando”, concluyó.
