La norma fue aprobada en la última reunión del gabinete ministerial y en un momento en que Paz está distanciado con el vicepresidente Edmand Lara por las decisiones del Gobierno.
Bolivia,EFE.-.Los expresidentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales cuestionaron este jueves, por separado, la constitucionalidad del decreto 5515 que permite al mandatario Rodrigo Paz gobernar mediante «instrumentos tecnológicos» desde fuera del país en casos de ausencia temporal.
La norma fue aprobada en la última reunión del gabinete ministerial y en un momento en que Paz está distanciado con el vicepresidente Edmand Lara por las decisiones del Gobierno.
«La coordinación y cooperación entre órganos de poder público fundan la organización del Estado. Sus titulares están obligados a respetar estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas», expresó Rodríguez Veltzé (2005-2006) en su cuenta de X.
Asimismo indicó que «es un despropósito escalar las diferencias entre Presidente y Vicepresidente con medidas de debatible constitucionalidad» y señaló que «sobran razones para reclamarles mayor respeto y responsabilidad por la función pública».
Rodríguez Veltzé fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, asumió la Presidencia tras la crisis política del país en 2005 tras la renuncia de Carlos Mesa (2003-2005), además ocupó el rol de agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) durante el Gobierno de Morales.
Por su parte, Morales (2006-2019) acusó a Paz de gobernar mediante «decretazos», por la medida que puso fin a la subvención a los combustibles y la que le permite gobernar mediante instrumentos tecnológicos, con lo que está «anulando las competencias de la Asamblea Legislativa y cambiando la Constitución».
«El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, ahora, tienen la mejor oportunidad para demostrar que no están sometidos al gobierno y demostrar -con prontitud- legalidad, decencia e independencia», añadió en X.
Morales también dijo que Paz «no solo viola la Constitución» vigente desde 2009 sino que «pisotea» el derecho de la población a ser consultada y que protesta «ante política hambreadoras» y de «entrega ilegal» de los recursos naturales de Bolivia a «corporaciones transnacionales».
Esta jornada se conoció la emisión del decreto 5515 que modifica la organización del Ejecutivo y establece que el presidente «deberá ejercer» sus atribuciones constitucionales «a través de medios tecnológicos de comunicación» en caso de estar fuera del país de manera «temporal».
Asimismo, que en caso de no tener acceso a medios tecnológicos «comunicará de forma expresa, escrita y con precisión de fechas» al vicepresidente «el detalle de acciones a realizar» mientras dure esa suplencia.
Paz, que asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, podría hacer su primer viaje internacional como mandatario a raíz de la invitación al Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) que se realizará en Suiza entre el 19 y 23 de enero.
Esto implicaría que Paz deba entregar el mando del país a su vicepresidente, con quien tiene marcadas diferencias respecto a las decisiones del Gobierno.
La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre de 2025, y empeoró en las últimas semanas a partir de la emisión del decreto 5503 que retiró la subvención a los combustibles tras más de 20 años.
Lara, quien es activo en Tiktok, criticó reiteradamente a Paz y a sus ministros y los acusó de supuesta corrupción además de «causar una convulsión social» con el retiro del subsidio a la gasolina y el diésel.
También, el vicepresidente apoyó abiertamente las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, que mantiene una huelga indefinida hace 11 días con la que exige la abrogación del decreto 5503.
Esta jornada, la COB publicó un pronunciamiento en el que cuestiona los decretos 5503 y 5515 que, desde su posición, están «forzando el marco constitucional, relativizando la sujeción a la ley y acomodando las instituciones a la conveniencia del poder».
