Por Nelson Feliz
El reciente caso de corrupción que envuelve al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, ha sacudido la conciencia pública dominicana. Las acusaciones de un desfalco multimillonario exigen una respuesta contundente por parte del Ministerio Público y del sistema de justicia en su conjunto. La magnitud de los fondos supuestamente sustraídos del erario público, específicamente de una institución vital para la salud de los ciudadanos, demanda que los responsables, si son hallados culpables, no solo devuelvan lo robado, sino que se les imponga una sanción ejemplar, quizás triplicando la suma para resarcir el daño social.
Resulta particularmente indignante el presunto uso de condiciones de salud preexistentes para evadir la acción de la justicia. Si bien el respeto a la dignidad humana y el derecho a la salud son inalienables, la supuesta situación médica que alega Hazim Albainy no debe convertirse en un subterfugio para eludir la prisión preventiva que corresponde a la gravedad de los hechos imputados.
La justicia debe ponderar el sufrimiento de miles de familias dominicanas que, por falta de fondos o acceso a medicamentos, vieron morir a sus parientes, un escenario que se agrava cuando esos fondos fueron presuntamente desviados por un grupo de corruptos.
El propósito detrás de estas alegaciones de salud parece ser, a todas luces, eludir la prisión preventiva que se corresponde con la magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al SeNaSa. La sociedad espera que las autoridades judiciales no se dejen manipular por estrategias dilatorias y actúen con la firmeza que el caso requiere.
La paciencia del pueblo dominicano con la corrupción administrativa se ha agotado. El Ministerio Público debe dejar de presentar miles de páginas de pruebas documentales sin un resultado inmediato y contundente. La ciudadanía demanda celeridad y eficacia. Quienes desfalcan el erario deben enfrentar las consecuencias de inmediato. Aunque suene extremo, el clamor popular a veces evoca modelos de justicia más severos, como los aplicados en China, donde la ejemplaridad de la pena es prioritaria.
Las acusaciones perfilan a Hazim Albainy como la cabeza de una red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa. El presunto desfalco, que superaría los 15 mil millones de pesos, es una cifra que marea y que impacta directamente la capacidad del sistema de salud para funcionar adecuadamente.
En el caso de los principales imputados de la «Operación Cobra», Hazim Albainy y su pandilla de malhechores, la justicia debe ser implacable. No basta con la devolución de los fondos. Se debe considerar la aplicación de las penas máximas que permite el código penal dominicano, sin excluir a nadie y asegurando que todos los involucrados, incluyendo los que aún no han sido procesados, sean puestos a disposición de la justicia.
La cadena perpetua debería ser una opción si se demuestra la magnitud del latrocinio.
El robo de más de 15 mil millones de pesos a los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no puede catalogarse de otra manera que como un genocidio financiero contra el pueblo dominicano. Es un atentado directo contra la vida y el bienestar de los más vulnerables, aquellos que dependen del sistema subsidiado para recibir atención médica básica y medicamentos.
El desfalco, presuntamente encabezado por Hazim Albainy y el consultor jurídico del SeNaSa, Germán Robles, es un ejemplo claro de cómo la colusión de funcionarios públicos puede desangrar las finanzas del Estado. El hecho de que solo en sobornos hayan recibido más de 2 mil millones de pesos demuestra la existencia de un entramado sofisticado y cínico que operaba con total impunidad.
La sociedad dominicana observa atenta este proceso. La credibilidad del sistema de justicia y la lucha anticorrupción del actual gobierno están en juego. No se puede permitir que la impunidad prevalezca una vez más. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público deben ser suficientes para lograr condenas ejemplares que sirvan de disuasivo para futuros funcionarios tentados por el dinero fácil.
Es hora de enviar un mensaje claro: quien robe un peso del erario público pagará con la máxima severidad de la ley o con la muerte de sus autores. La justicia debe ser rápida, imparcial y, sobre todo, efectiva. El pueblo dominicano merece un sistema de salud robusto y libre de corrupción, y eso solo se logrará cuando los corruptos sientan el peso real de sus acciones.
