Un tribunal de Puerto Plata impuso medidas de coerción contra tres personas investigadas por su presunta participación en un millonario fraude inmobiliario, estafa y uso de documentos falsificados relacionados con el proyecto habitacional “Paraíso Dorado”.
Tras evaluar las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el tribunal dictó como medidas el pago de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Jesús Aldea Abián, de nacionalidad española; el abogado Pedro Pablo Pérez; y su esposa, Griselda Antonia Calderón Taveras.
La acción judicial se originó a raíz de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció la falsificación de su firma en un poder general que otorgaba facultades a su entonces socio Aldea Abián para actuar en su nombre dentro del citado proyecto.
Según la denuncia, dicho documento fue utilizado para desviar fondos de inversionistas hacia dos empresas creadas por los imputados: Guztrade SRL y Condular SRL. A pesar de los pagos recibidos, el proyecto inmobiliario Paraíso Dorado —que debía construirse en el municipio San Felipe de Puerto Plata— nunca fue ejecutado.
El poder fue legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte y sometido a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El informe pericial, contenido en el certificado No. DRN-075-2025, fechado el 26 de junio de 2025, concluyó que las firmas no corresponden al señor Medrano Reyes, confirmando la falsificación.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Massiel Peña presentó las pruebas ante la jueza Rosalba Francisco Parra, del Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata, quien dictó las medidas de coerción contra los tres imputados.
La fiscal investigadora del caso, Rosalía Vargas Gómez, informó que continúan las diligencias para determinar el alcance total del fraude.
