Reflexiones Atrevidas # 147
Por José Francisco Peña Guaba
La democracia no consiste únicamente en permitir que los ciudadanos acudan a las urnas cada cuatro años. Su verdadera fortaleza descansa en que todos los actores políticos puedan participar en condiciones razonablemente equitativas, que las instituciones actúen con imparcialidad, que los recursos públicos no se conviertan en instrumentos de ventajas partidarias y que la voluntad popular pueda expresarse libremente, sin presiones ni manipulaciones.
Cuando esas condiciones comienzan a deteriorarse, aunque se mantengan formalmente las elecciones, la democracia corre el riesgo de convertirse en una competencia profundamente desigual, donde unos participan con todas las ventajas y otros deben enfrentar obstáculos que comprometen sus posibilidades de competir.
Es precisamente esa preocupación la que me mueve a escribir estas reflexiones. De cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2028, observo cinco situaciones que considero altamente preocupantes y que, de no corregirse oportunamente, podrían afectar seriamente la equidad del próximo proceso electoral dominicano.
No estamos hablando de asuntos menores ni de simples diferencias entre oficialismo y oposición. Estamos hablando de cuestiones que comprometen el funcionamiento del sistema de partidos, la independencia de las instituciones, la participación ciudadana y la credibilidad de nuestra democracia.
LA ASFIXIA ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La primera preocupación está relacionada con la reducción de los recursos económicos que legalmente corresponden a los partidos políticos.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral establece que durante los años no electorales el Estado debe destinar a las organizaciones políticas el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales.
Sin embargo, durante los últimos años los recursos consignados han quedado considerablemente por debajo de ese porcentaje, situación que adquiere todavía mayor gravedad cuando nos aproximamos al período de mayor actividad política y electoral.
El año 2027 no será un año cualquiera para las organizaciones políticas.
Será precisamente el período durante el cual los partidos tendrán que realizar sus convenciones municipales y nacionales, reorganizar sus estructuras territoriales, celebrar asambleas, seleccionar precandidaturas, determinar reservas de candidaturas, concertar alianzas y desarrollar los procedimientos internos que permitirán escoger a quienes competirán en las elecciones de 2028.
Todo eso requiere recursos económicos importantes.
¿Cómo puede exigírseles a los partidos políticos que cumplan con todas esas responsabilidades si simultáneamente se les reducen los recursos que la propia legislación establece para su funcionamiento?
La situación resulta particularmente delicada para las organizaciones opositoras, que no disponen de las facilidades institucionales ni de las relaciones económicas que suelen acompañar al ejercicio del poder.
El partido oficialista, por su propia condición de gobierno, mantiene relaciones permanentes con importantes sectores empresariales, funcionarios, contratistas y proveedores del Estado. Es indispensable que esas relaciones no se traduzcan en financiamiento indebido ni en ventajas incompatibles con la legislación electoral.
Mientras tanto, las organizaciones opositoras necesitan financiamiento legítimo para sostener sus estructuras, desarrollar sus actividades y competir dignamente.
Existe, además, una contradicción que no podemos ignorar.
Todos reclamamos que los partidos políticos se mantengan alejados del dinero procedente del narcotráfico, del lavado de activos y de otras actividades ilícitas. Pero cuando se debilita su financiamiento público sin garantizar alternativas transparentes, se incrementan los riesgos de dependencia de intereses económicos particulares y de penetración de recursos de procedencia cuestionable.
El financiamiento público no constituye una dádiva a los dirigentes políticos. Es un instrumento institucional concebido para contribuir al funcionamiento democrático y reducir desigualdades.
Por eso considero que cualquier reducción que desconozca las disposiciones legales debe ser corregida.
CAMBIAR LAS REGLAS ELECTORALES CUANDO EL PROCESO YA ESTÁ EN MARCHA
La segunda preocupación tiene que ver con las iniciativas que se han planteado para modificar los plazos establecidos para la celebración de los procesos internos de selección de candidaturas.
La Junta Central Electoral ha establecido un calendario electoral de cara al año 2028, definiendo los períodos en que deberán celebrarse las primarias, convenciones, asambleas y demás procedimientos de escogencia de candidatos.
Ese calendario constituye una herramienta fundamental para la seguridad jurídica y la planificación de las organizaciones políticas.
Modificar sustancialmente esos plazos cuando los partidos ya se encuentran preparando sus estructuras y procedimientos internos podría provocar consecuencias muy serias.
No se trata únicamente de adelantar unas primarias.
Estamos hablando de alterar los tiempos disponibles para organizar convenciones, establecer reservas de candidaturas, negociar alianzas electorales, seleccionar aspirantes y cumplir con los procedimientos democráticos que establecen las leyes y los estatutos partidarios.
Los partidos políticos necesitan reglas claras y estabilidad normativa.
No puede pretenderse que las organizaciones planifiquen sus procesos internos sobre la base de un calendario previamente establecido y que posteriormente deban reorganizarlo todo por modificaciones legislativas introducidas cuando se aproxima el período electoral.
Mucho menos sería aceptable que esas modificaciones respondieran a conveniencias particulares de determinadas organizaciones políticas.
Las reglas electorales deben ser generales, transparentes y conocidas con suficiente anticipación.
Una reforma electoral puede ser legítima y necesaria cuando procura mejorar el sistema democrático. Pero si sus efectos alteran injustificadamente las condiciones de competencia o favorecen selectivamente a determinados actores, merece el más firme cuestionamiento institucional.
La democracia exige que las reglas sean iguales para todos y que nadie pretenda modificarlas a mitad del camino para obtener ventajas.
EL CLIENTELISMO POLÍTICO Y LA UTILIZACIÓN ELECTORAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
Mi tercera preocupación está relacionada con el crecimiento de los programas gubernamentales de asistencia social y el riesgo de que puedan utilizarse con propósitos político-electorales.
Quiero ser muy claro en este aspecto.
No cuestiono que el Gobierno desarrolle programas de titulación de terrenos, asistencia alimentaria, transferencias económicas, entrega de tarjetas de ayuda social o cualquier otra iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de los sectores vulnerables.
Por el contrario, considero que esas políticas son necesarias y que deben ampliarse cuando responden verdaderamente a las necesidades de la población.
Lo que resulta inaceptable es que los beneficios sociales puedan condicionarse a la militancia política, a la simpatía partidaria o al respaldo electoral a quienes gobiernan.
La asistencia social constituye una responsabilidad del Estado, no una propiedad del partido que administra temporalmente el Gobierno.
Un ciudadano necesitado tiene exactamente el mismo derecho a recibir ayuda pública independientemente de que simpatice con el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el BIS o cualquier otra organización política.
Los recursos públicos pertenecen a todos los dominicanos.
Por eso deben existir mecanismos transparentes de selección de beneficiarios, criterios objetivos de vulnerabilidad y procedimientos de fiscalización que impidan convertir los programas sociales en instrumentos de captación electoral.
Las denuncias de posibles prácticas clientelares deben investigarse y documentarse, sin presumir que toda asistencia gubernamental constituye una irregularidad.
Pero tampoco podemos ignorar el peligro que representaría utilizar las necesidades económicas de miles de familias como mecanismo de presión o condicionamiento político.
De mantenerse o ampliarse prácticas de esa naturaleza durante el período preelectoral, la competencia democrática podría verse seriamente afectada.
Porque una cosa es que el Estado ayude a los pobres y otra muy distinta es que un partido pretenda apropiarse políticamente de esa ayuda.
LA ABSTENCIÓN ELECTORAL Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL VOTO DE TODOS LOS DOMINICANOS
La cuarta preocupación tiene una importancia extraordinaria para el futuro de nuestra democracia: la participación electoral.
Considero que uno de los mayores desafíos que enfrentaremos en las elecciones de 2028 será garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos ejerza su derecho al voto.
La abstención constituye un problema que debemos enfrentar colectivamente.
No podemos conformarnos con una democracia donde una proporción considerable de ciudadanos permanezca al margen de las decisiones que determinarán el futuro de la nación.
El Gobierno tiene la obligación de proporcionar a la Junta Central Electoral los recursos económicos, tecnológicos, logísticos y administrativos necesarios para desarrollar exitosamente el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, organizar los comicios y facilitar la participación ciudadana.
Esta responsabilidad adquiere especial relevancia en el caso de los dominicanos residentes en el exterior.
Nuestros compatriotas emigrantes mantienen vínculos familiares, económicos, culturales y políticos con la República Dominicana. Sus remesas representan un aporte extraordinario para la economía nacional y su participación electoral debe ser facilitada, no obstaculizada.
Para que el proceso de renovación de la cédula alcance sus objetivos resulta indispensable una colaboración efectiva de las instituciones del Estado.
Los consulados y las embajadas, dentro de sus competencias legales y respetando la independencia de la autoridad electoral, deben contribuir a informar y orientar a nuestros ciudadanos.
Es necesario facilitar los procedimientos de cedulación, inscripción y actualización del padrón, así como procurar que existan suficientes colegios electorales en las comunidades donde residen importantes concentraciones de dominicanos.
En el territorio nacional también debemos desarrollar una gran campaña institucional de educación y motivación ciudadana.
Personalmente, considero que ha llegado el momento de discutir seriamente la conveniencia de establecer el voto obligatorio, acompañado de las garantías y excepciones correspondientes, como ocurre en diferentes democracias.
Esa posibilidad requeriría un debate jurídico y constitucional profundo, pero no debería descartarse sin examinar sus ventajas y dificultades.
Lo que sí debemos rechazar es cualquier estrategia destinada a desalentar deliberadamente la participación ciudadana.
Existe la preocupación de que determinados actores políticos puedan considerar conveniente una participación electoral reducida. Sin embargo, las afirmaciones sobre una estrategia deliberada para promover la abstención deben ser debidamente demostradas.
Lo verdaderamente importante es establecer que ningún partido debe procurar ventajas mediante el desinterés o la ausencia de los electores.
La legitimidad democrática se fortalece cuando participa una mayor cantidad de ciudadanos.
El Gobierno, la oposición, la Junta Central Electoral y las organizaciones de la sociedad civil deberían coincidir en ese propósito.
EL LAWFARE Y EL PELIGRO DE UTILIZAR LA JUSTICIA PARA CONDICIONAR LAS ALIANZAS POLÍTICAS
La quinta preocupación es posiblemente una de las más delicadas, porque involucra la independencia del sistema judicial y sus posibles repercusiones sobre la competencia electoral.
Me refiero al fenómeno conocido internacionalmente como lawfare, expresión utilizada para describir situaciones en las cuales los mecanismos judiciales son presuntamente instrumentalizados con objetivos políticos.
En la República Dominicana existen procesos judiciales contra antiguos funcionarios del Gobierno encabezado por Danilo Medina, entre ellos importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana.
Uno de los casos que mayor atención pública ha generado es el relacionado con el exministro Gonzalo Castillo. Sus procesos y las actuaciones posteriores de las partes han generado interpretaciones políticas contrapuestas, incluyendo denuncias de persecución que corresponde distinguir de los hechos jurídicamente demostrados.
Conviene precisar que nadie debe estar por encima de la ley.
Si un funcionario público ha cometido actos de corrupción, corresponde a los organismos competentes investigarlo y, cuando existan pruebas suficientes, someterlo a la justicia con todas las garantías del debido proceso.
Pero esa misma justicia debe mantenerse absolutamente independiente de los intereses electorales del Gobierno y de cualquier otra fuerza política.
No sería aceptable que los expedientes judiciales, las medidas cautelares o las reclamaciones patrimoniales pudieran utilizarse como instrumentos de presión para condicionar las decisiones políticas de dirigentes opositores.
Esta preocupación adquiere especial relevancia cuando examinamos las posibles alianzas electorales de cara al año 2028.
La decisión del PLD de participar individualmente, establecer acuerdos con otras organizaciones opositoras o concertar alianzas con cualquier fuerza política debe corresponder exclusivamente a sus organismos de dirección y a sus militantes, conforme a sus estatutos y a la legislación vigente.
No puede estar condicionada por presiones externas de naturaleza judicial, económica o institucional.
En determinados círculos políticos se discuten diferentes escenarios de alianzas entre el PRM y el PLD, así como las posibilidades de entendimiento entre distintas organizaciones opositoras.
Es legítimo que esas conversaciones existan.
Lo que sería profundamente preocupante es que se pretendiera influir sobre tales decisiones mediante el uso indebido de instituciones del Estado.
También debe examinarse el efecto que tendría una eventual fragmentación de las candidaturas opositoras, particularmente en las elecciones municipales.
Cuando varias organizaciones presentan candidaturas separadas frente a una candidatura unificada, se modifica la distribución del voto y pueden producirse resultados diferentes de los que surgirían mediante acuerdos electorales.
Ese es un fenómeno propio de la competencia política.
Sin embargo, las alianzas deben surgir de decisiones libres y legítimas, nunca de presiones institucionales.
La independencia judicial constituye una garantía tanto para el oficialismo como para la oposición.
Hoy puede encontrarse un partido en el Gobierno y mañana en la oposición. Por eso resulta peligroso aceptar prácticas que eventualmente puedan ser utilizadas contra cualquier organización política.
LA DEMOCRACIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA COMPETENCIA CON VENTAJAS INSTITUCIONALES
He querido exponer estas cinco preocupaciones porque considero que todavía estamos a tiempo de prevenir situaciones que puedan comprometer la credibilidad del proceso electoral de 2028.
La reducción del financiamiento público, las modificaciones inoportunas de las reglas electorales, el clientelismo político, los obstáculos a la participación ciudadana y la posible instrumentalización de la justicia constituyen riesgos que deben examinarse con seriedad.
No afirmo que todas las conductas denunciadas estén judicialmente demostradas ni que todas las iniciativas gubernamentales respondan necesariamente a propósitos electorales.
Pero precisamente porque estamos ante asuntos de tanta trascendencia, corresponde exigir transparencia, explicaciones institucionales y garantías verificables.
El oficialismo tiene derecho a procurar legítimamente su permanencia en el poder.
La oposición tiene exactamente el mismo derecho a organizarse, establecer alianzas, presentar candidaturas y procurar democráticamente sustituirlo.
Lo que ninguno tiene derecho a hacer es utilizar indebidamente los instrumentos del Estado para alterar las condiciones de competencia.
La Junta Central Electoral debe contar con los recursos y la independencia necesarios para ejercer plenamente sus atribuciones.
El Congreso Nacional debe actuar con responsabilidad al aprobar el presupuesto y al considerar cualquier modificación de la legislación electoral.
El Poder Judicial y el Ministerio Público deben garantizar que sus actuaciones respondan exclusivamente a la Constitución, las leyes y las pruebas disponibles.
Y el Gobierno debe comprender que su responsabilidad institucional trasciende los intereses del partido que lo llevó al poder.
Las elecciones de 2028 no deben convertirse en una confrontación donde unos dispongan de todas las ventajas y otros tengan que luchar contra obstáculos económicos, administrativos o institucionales.
Nuestro país ha recorrido un largo camino para construir su democracia.
Muchos dominicanos sacrificaron sus vidas, sus libertades y sus patrimonios para que hoy podamos elegir a nuestros gobernantes mediante el voto popular.
Entre ellos estuvo José Francisco Peña Gómez, quien dedicó su existencia a luchar por una democracia participativa, pluralista y sustentada en el respeto a la voluntad del pueblo.
Ese legado nos obliga a mantenernos vigilantes.
No debemos esperar a que llegue el día de las elecciones para denunciar las desigualdades que pudieron haberse desarrollado durante los años anteriores.
La equidad electoral se construye mucho antes de abrirse los colegios electorales.
Se construye cuando se respetan las leyes, cuando se garantiza el financiamiento legítimo de los partidos, cuando se protege la independencia judicial, cuando los programas sociales llegan a quienes verdaderamente los necesitan y cuando se facilita que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.
Por eso considero indispensable que estas cinco preocupaciones sean objeto de un debate nacional serio, responsable y oportuno.
No se trata de defender exclusivamente los intereses de la oposición.
Se trata de defender las condiciones que hacen posible una verdadera democracia.
Porque una elección puede ser legal en sus procedimientos y, sin embargo, resultar profundamente cuestionada si las condiciones de participación no han sido equitativas.
Y cuando se pierde la confianza en la igualdad de las reglas democráticas, no pierde solamente la oposición.
Pierde la democracia dominicana.
