Santo Domingo, R.D. — El regidor del Distrito Nacional, Manuel García, cuestionó que, en momentos en que la propia Junta Central Electoral (JCE) reconoce la existencia de barreras logísticas que afectan la participación ciudadana, todavía existan dificultades para que los electores puedan actualizar su domicilio y votar cerca del lugar donde realmente residen.
La posición de García surge luego de que la JCE presentara el estudio sobre la abstención electoral de 2024 elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
La investigación identifica, entre otros factores, las dificultades de transporte y la distancia hacia los centros de votación como elementos que inciden en la baja participación.
Para el regidor, el diagnóstico obliga a mirar también hacia el funcionamiento de los propios procedimientos electorales y preguntarse si determinadas exigencias administrativas terminan alejando al ciudadano de las urnas.
García sostuvo que resulta contradictorio hablar de la necesidad de combatir la abstención y, al mismo tiempo, mantener mecanismos que pueden representar una carga para personas de escasos recursos que necesitan cambiar su domicilio electoral.
Señaló que muchos ciudadanos no tienen facturas de electricidad, teléfono u otros servicios a su nombre, mientras que otros viven en viviendas mediante acuerdos verbales y carecen de contratos formales de alquiler.
“No se puede pedir más participación mientras se mantienen obstáculos que dificultan que la gente vote cerca de donde vive”, planteó García, al considerar que el sistema electoral debe responder a la realidad social y económica de la población.
El dirigente también cuestionó el impacto económico de algunos de estos trámites. Explicó que un ciudadano que deba pagar entre RD$2,500 y RD$5,000 por un acto notarial de alquiler, además de otros gastos relacionados con la documentación, puede terminar desistiendo de actualizar su dirección electoral.
A juicio de García, esta situación adquiere mayor relevancia después de que CAPEL señalara que el abstencionismo dominicano constituye un fenómeno estructural y que entre las recomendaciones para aumentar la participación figuran facilitar el acceso a los centros de votación y reducir las barreras que dificultan el ejercicio del sufragio.
El reclamo también pone presión sobre la JCE para que no se limite a diagnosticar las causas de la abstención, sino que convierta las conclusiones del estudio en medidas concretas.
El propio presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, llamó a no ignorar las preguntas planteadas por la investigación y sostuvo que la participación democrática debe construirse de manera continua.
García propuso, en consecuencia, que la JCE revise los mecanismos utilizados para comprobar el domicilio electoral y establezca alternativas más sencillas y accesibles, sin sacrificar los controles necesarios para proteger la integridad del padrón.
“La JCE tiene ahora la oportunidad de demostrar que las conclusiones de CAPEL no se quedarán en un informe. Facilitar que un ciudadano pueda votar en la comunidad donde vive debe ser parte de cualquier estrategia seria para enfrentar la abstención”, afirmó.
El planteamiento coloca el debate en un punto central: si el organismo electoral ya ha identificado las dificultades de transporte y distancia como parte del problema de la abstención, la discusión ahora es qué medidas concretas adoptará para reducir esas barreras antes de los próximos procesos electorales.
