SANTO DOMINGO (RD ).- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros vinculados a la red de corrupción que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo: “Como todos ustedes saben, nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas, y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción”.
“Así que, esperemos el depósito de la acusación y ahí ustedes verán el alcance de la misma”, añadió Ortiz, al responder preguntas de la prensa sobre el avance de las investigaciones.
“Seguimos trabajando y tengan por seguro que estaremos presentando los casos como lo hemos hecho siempre”, afirmó.
Como solicitó el Ministerio Público, el tribunal también rechazó el pedimento de algunas barras de la defensa y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción a imputados en este proceso.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, determinó que la prórroga se justifica y la estableció hasta el próximo 11 de diciembre.
El juez fijó para el próximo 25 de septiembre la lectura íntegra de la decisión.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como el procurador de corte Héctor García y las fiscales litigantes Rosa Alba García y Yudelka Holguín.
La solicitud de prórroga, que fue depositada por el órgano acusador el pasado 10 de agosto, fue presentada al tribunal por la fiscal Rosa Alba García, quien estableció ante el juez que este caso tiene varias líneas de investigación.
Una de las líneas de investigación es la que tiene que ver con la custodia y almacenamiento de documentos de una empresa privada que obstaculizó la continuidad de la investigación, “por lo que el Ministerio Público tuvo que solicitar una orden de allanamiento y buscar aproximadamente 15 mil cajas de documentos”.
El Ministerio Público reiteró que la prórroga le permitirá seguir ampliando la investigación sobre hechos de corrupción en SeNaSa.
El plazo fue solicitado por los cientos de miles de operaciones que se tienen que analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos.
El proceso penal
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a otros vinculados al caso.
El cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo.
También, fue impuesta la misma medida a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial, que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
