Por MICHAEL CASEY
Un juez federal de Nueva York ha anulado una política de la administración Trump que suspendía la tramitación de visados de 75 países , entre ellos Afganistán, Irán, Rusia y Somalia, cuyos ciudadanos la administración Trump consideraba que probablemente necesitarían asistencia pública en Estados Unidos.
La jueza de distrito estadounidense Jeannette Vargas, nombrada por el expresidente Joe Biden, anuló la política el viernes por considerarla «contraria a la ley y exceder la autoridad legal».
El secretario de Estado, Marco Rubio, se extralimitó en sus funciones al emitir la política, la cual «contraviene» la Ley de Inmigración y Nacionalidad al ordenar «la denegación de visas a solicitantes elegibles sin fundamento legal alguno», dictaminó el juez.
El juez afirma que el poder reside en los funcionarios consulares.
Vargas afirmó que esta política también socava el requisito del Congreso que sitúa a los funcionarios consulares al frente de cualquier decisión sobre visados.
«El Congreso otorgó a estos funcionarios autoridad y discreción exclusivas para determinar si un inmigrante reúne los requisitos para obtener una visa, basándose en la revisión de criterios específicos y detallados establecidos en la ley», escribió.
«La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante según la nacionalidad del solicitante, representa una derogación directa de este marco legal».
La política fue impugnada por dos organizaciones sin fines de lucro y once personas, seis de ellas cuyos familiares habían visto denegadas sus visas.
Las cinco restantes se encuentran fuera del país y habían presentado solicitudes de visa basadas en el empleo para ingresar a Estados Unidos.
Los defensores afirman que mantener a las familias separadas es cruel.
“Celebramos este fallo porque, en esencia, este caso trata de mantener a las familias unidas”, dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, una organización nacional sin fines de lucro que brinda capacitación, recursos y apoyo a una red de proveedores de servicios legales de inmigración y que fue una de las demandantes.
«La doctrina social católica nos llama a defender la dignidad de toda persona y a reconocer a la familia como fundamento de la sociedad», declaró en un comunicado. «Esta decisión reafirma tanto esos valores como el estado de derecho, permitiendo que las familias avancen nuevamente hacia la reunificación».
Otro demandante es African Communities Together, una organización sin fines de lucro con sede en Harlem. Uno de sus líderes calificó el fallo como “una tremenda victoria para el estado de derecho”.
“Esta prohibición ilegal y racista causó un daño incalculable, separando cruelmente a familias y seres queridos”, declaró Diana Konate, subdirectora ejecutiva de políticas y defensa, en un comunicado.
“Hoy, nos complace anunciar a los miembros de nuestra comunidad que esta prohibición ha sido eliminada”.
Trump amplía su agenda antiinmigración.
El presidente Donald Trump ha impuesto una lista cada vez mayor de prohibiciones de inmigración y viaje, principalmente para personas de África, Asia y América Latina.
El Departamento de Estado declaró el sábado que la administración Trump está «protegiendo al pueblo estadounidense al mantener los más altos estándares de selección y verificación de solicitantes de visa», y que no haría comentarios sobre litigios pendientes.
En el momento en que se emitió la política, el Departamento de Estado declaró que había instruido a los funcionarios consulares para que detuvieran las solicitudes de visa de inmigrante de los 75 países, de conformidad con una orden más amplia de noviembre que endurecía las normas relativas a los posibles inmigrantes que podrían convertirse en «cargas públicas».
Basándose en datos del Consejo de Asesores Económicos, el Departamento de Estado afirmó que más del 30 por ciento de los hogares con inmigrantes de estos países recibían algún tipo de asistencia pública.
En un aviso aparte enviado a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos, se indicó que los solicitantes de visas de no inmigrante también debían ser «examinados y evaluados exhaustivamente» para detectar la posibilidad de que solicitaran beneficios públicos en Estados Unidos.
El cable, del cual The Associated Press obtuvo una copia, señalaba en varias ocasiones que el solicitante debe demostrar que no solicitará beneficios públicos mientras se encuentre en los Estados Unidos, y que los funcionarios consulares que sospechen que el solicitante podría solicitarlos deben exigirle que complete un formulario que demuestre su solvencia económica.
Este fallo es el ejemplo más reciente de cómo los tribunales desbaratan la agenda migratoria de Trump.
En junio, un juez federal anuló una política de la administración Trump que dificultaba la entrada y la permanencia en Estados Unidos de inmigrantes de decenas de países , afectando aspectos como el asilo, los permisos de trabajo, las tarjetas de residencia y las solicitudes de ciudadanía.
El juez afirmó que la política sumía la vida de innumerables inmigrantes en un «limbo legal indeterminado» y acusó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de ignorar la ley.
