Las Juntas de Vecinos Los Almendros y Reyes Gómez, organizaciones comunitarias del Distrito Municipal El Cachón, municipio Santa Cruz, provincia Barahona, presentaron formalmente ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un Planteamiento Social exigiendo que, previo al otorgamiento de cualquier permiso de explotación minera, extracción de material o afectación a la vegetación en las zonas montañosas de su distrito, se realice una consulta obligatoria a los residentes de la comunidad.
Según los firmantes, otorgar permisos a empresas como Grancera, o a personas físicas o morales con intereses extractivos en la zona, sin la consulta previa de los moradores, representaría una amenaza directa a los recursos hídricos y ecosistemas que sostienen la vida de las comunidades locales.
Las comunidades subrayan que toda actividad de esta naturaleza requiere no solo permisos legales, sino también licencia social, es decir, la aceptación y aprobación de los pobladores que habitan y dependen del territorio afectado.
En ese contexto, las juntas de vecinos anunciaron que en los próximos días realizarán una vigilia comunitaria frente a la salida de un camino que supuestamente el señor Mayker González está construyendo de forma irregular en el sector El Cobo, en el Distrito Municipal El Cachón.
Según los moradores, dicha obra se ejecuta sin los permisos correspondientes y representa una amenaza directa a las zonas boscosas y acuíferas de la comunidad.
Los líderes comunitarios advirtieron, además, que González tiene un historial documentado de operaciones extractivas sin los debidos permisos ambientales y con impacto negativo sobre los territorios donde ha operado.
De acuerdo con las comunidades, este empresario fue expulsado de El Cachón, Baní y Azúa, y recientemente de Barahona, precisamente por llevar a cabo extracciones de material sin autorización y por los daños ambientales que dichas actividades ocasionaron en esas localidades.
