Fue sancionado de urgencia en dos lecturas consecutivas y contó con 25 votos a favor y tres en contra
Santo Domingo – El Senado de la República aprobó la noche de este miércoles, de urgencia y en dos lecturas consecutivas, el proyecto que modifica la Ley 74-25 del Código Penal.
La iniciativa, conocida en una sesión extraordinaria, recibió 25 votos a favor y tres en contra. Fueron modificados 40 artículos.
Para esta fase, los senadores se pusieron de pie para ejercer su voto.
Con esta aprobación, la pieza concluyó su trámite en el Congreso Nacional y ahora pasa al Poder Ejecutivo para su conocimiento, promulgación u observación.
Rápido trámite
La iniciativa agotó un proceso acelerado en el Congreso Nacional, en comparación con otras propuestas, como la reforma laboral.
En apenas cuatro días, una comisión bicameral y una subcomisión estudiaron los al menos 18 artículos observados por el Poder Ejecutivo, además de más de 90 propuestas presentadas por distintos sectores de la sociedad.
Hace apenas dos días, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura las modificaciones al proyecto. Ese mismo día también fueron sometidas al menos 12 propuestas adicionales, de las cuales ocho fueron acogidas.
Entre los artículos modificados figuran los relativos a violencia intrafamiliar, difusión de audios e imágenes, proxenetismo, acoso agravado, infracciones sexuales, hostigamiento y hostigamiento cibernético.
También fueron modificadas las disposiciones sobre abandono de niños, niñas y adolescentes, bancarrota, violación de propiedad privada, exhibicionismo sexual, autosecuestro y sustancias químicas, entre otras.
Asimismo, se incluyeron cambios en algunos de los artículos más cuestionados por distintos sectores, como los relacionados con perjurio, libertad de expresión y difamación.
En ese sentido, el artículo 207 define el perjurio como la declaración falsa realizada bajo juramento o promesa de decir la verdad ante una autoridad competente, o mediante un documento en el que la ley exija o admita ese juramento.
Para este delito se establecen penas diferenciadas según el daño ocasionado. Cuando el perjuicio sea económico o patrimonial, la sanción será de dos a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
En cuanto a la difamación, el artículo 208 modifica la redacción del delito al eliminar la enumeración de medios específicos —como audiovisuales, escritos, radiales, televisivos, streaming, medios electrónicos o el ciberespacio— y sustituirla por la expresión «por cualquier forma pública».
Además, reduce la pena de dos a cinco años de prisión menor a un rango de uno a dos años de prisión menor.
Respecto al artículo 211, sobre actos considerados no difamatorios o injuriosos, una de las principales novedades es la incorporación de un nuevo supuesto que excluye de responsabilidad penal las expresiones, opiniones y críticas relacionadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos o actuaciones que atenten contra el interés público.
Esta protección aplicará siempre que dichas expresiones estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información.
No obstante, se aclara que, cuando esas expresiones resulten afrentosas o despreciativas y ocasionen un daño a la imagen y al honor de la persona afectada, podrá generarse responsabilidad civil.
Asimismo, se incorpora un párrafo II que establece que, en el caso de los funcionarios públicos, solo podrán perseguirse por difamación o injuria aquellas expresiones que afecten su vida íntima y privada.
En relación con el artículo 121, que regula el delito de hostigamiento, la modificación elimina la referencia al término «bullying» y amplía la descripción de la conducta sancionable.
La nueva redacción establece que constituirá hostigamiento intimidar, insultar, burlarse, realizar agresiones verbales o fomentar la exclusión o el aislamiento en ámbitos educativos, laborales, sociales u otros, cuando esas acciones tengan como finalidad avergonzar, humillar, denigrar, manipular o afectar el desenvolvimiento de una persona o de un grupo.
Aunque las penas se mantienen, el delito amplía su alcance conceptual. El hostigamiento será sancionado con prisión menor de 15 días a un año y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público.
En caso de reincidencia, la pena será de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.
Participación de senadores
Omar Fernández (Distrito Nacional): Consideró que el Código Penal representa un avance, pero sostuvo que aún es una ley perfectible.
Propuso extender el período de vacatio legis para permitir un mayor análisis, solicitó vistas públicas y presentó modificaciones a artículos sobre acoso y hostigamiento cibernético, disparos innecesarios y actos no difamatorios, al entender que algunas disposiciones podrían constituir censura previa.
Todas sus propuestas fueron rechazadas.
Félix Bautista (San Juan): Criticó la rapidez con la que el Congreso conoció las modificaciones al proyecto. Planteó que el artículo sobre difamación vulnera la Constitución, anunció que presentará nuevas modificaciones y solicitó extender por tres meses la entrada en vigor de varios artículos debido a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Código.
Ramón Rogelio Genao (La Vega): Defendió el proyecto y recordó que el Código Penal fue aprobado por unanimidad en 2025. Rechazó que la legislación limite la libertad de expresión y afirmó que las observaciones formuladas por distintos sectores ya fueron corregidas. También destacó el trabajo realizado por el Senado para consensuar las modificaciones.
Ginnette Bournigal (Puerto Plata): Anunció que votaría a favor del proyecto, aunque manifestó preocupación por la rapidez con la que entrará en vigencia la nueva legislación.
Cristóbal Venerado Castillo (Hato Mayor): Defendió la iniciativa y criticó a la oposición por presentar objeciones solo en las últimas semanas, pese a que el Código estuvo durante meses en período de vacatio legis.
Franklin Romero (Duarte): Respaldó la aprobación del Código Penal al considerar que salda una deuda histórica del Congreso con la sociedad e incorpora nuevos tipos penales acordes con la realidad del país.
Fuente Diario Libre
