Santo Domingo, RD.– El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó las conclusiones presentadas por Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) en su denominado Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases.
Considera que el mismo contiene graves inconsistencias metodológicas, presenta datos descontextualizados y pretende responsabilizar exclusivamente a los docentes de problemas cuya causa real se encuentra en las deficiencias estructurales del sistema educativo nacional.
La ADP consideró preocupante que entidades privadas pretendan erigirse en árbitros de la educación pública dominicana mediante la elaboración de informes que no cuentan con el aval técnico ni institucional del Ministerio de Educación (MINERD), organismo legalmente facultado para evaluar y monitorear el cumplimiento del calendario escolar.
“En primer lugar, el informe de EDUCA parte de una base cuestionable y errónea al afirmar que durante el año escolar 2025-2026 se perdieron 1,384 horas de docencia. Según el calendario escolar oficial aprobado por el Consejo Nacional de Educación, los niveles de Educación Inicial y Secundaria, incluyendo las modalidades Técnico Profesional, Artes y Centros de Excelencia, tienen establecidas 1,528 horas de clases distribuidas, en 191 días lectivos, por lo que las cifras presentadas requieren una explicación que valide si solo se impartieron 144 horas de clases antes de construir conclusiones de carácter nacional”, afirmó la ADP en su respuesta a EDUCA.
Asimismo, resulta incorrecto afirmar que 55 convocatorias de suspensión impactaron a los 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país.
La realidad es que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP tiene más de tres años sin convocar una paralización nacional de la docencia.
Precisó que los reclamos de los docentes, en diferentes comunidades, municipios y provincias del país (Duarte, Santiago, Azua y San Juan de la Maguana, Haina, Tamayo y Boca Chica) son legítimos y están relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, las condiciones de seguridad en los centros educativos y situaciones extraordinarias como las intoxicaciones provocadas por fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.
“Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista que ignora que muchas de esas acciones procuran, precisamente, garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes”, sostuvo el CEN de la ADP.
La ADP también cuestiona la autoridad moral con la que EDUCA, el Foro Socioeducativo, la Federación de APMAE y Fe y Alegría presentan estimaciones económicas sobre la educación pública, cuando dichas instituciones reciben recursos provenientes del propio Estado dominicano.
Datos oficiales indican que durante los últimos cinco años EDUCA ha recibido RD$67,078,539.93 a través de programas de formación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), mientras que Fe y Alegría ha recibido RD$12,037,375.00 por concepto de subvenciones.
En conjunto, ambas entidades han percibido RD$79,115,914.93 provenientes de fondos públicos.
Tomando en cuenta que, según informaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar, el costo de construcción de un aula regular oscila entre RD$5 y RD$7 millones, con esos recursos habrían podido construirse entre 11 y 15 aulas escolares adicionales para el sistema educativo dominicano.
“Por ello, resulta contradictorio que organizaciones beneficiarias de recursos del 4% del PIB intenten presentar a los docentes como responsables exclusivos de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, la sobrepoblación estudiantil, el deterioro de planteles y las múltiples necesidades de infraestructura que afectan el proceso educativo”, afirmó el CEN de la ADP.
La ADP reiteró que la preocupación debe centrarse en garantizar escuelas seguras, adecuadas y dignas para estudiantes y docentes, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la inversión pública en educación con criterios de eficiencia, transparencia y equidad.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, con el cumplimiento del calendario escolar y con la lucha permanente por mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
