Santo Domingo. El presidente del Frente Cívico y Social, Dr. Isaías Ramos, advirtió que República Dominicana vive una profunda crisis de movilidad social, donde el crecimiento económico no se traduce en progreso real para la mayoría de la población.
Ramos afirmó que, mientras en América Latina y el Caribe 41 de cada 100 personas lograron ascender económicamente, en República Dominicana no llegaron ni a 2 de cada 100.
Recordó que datos del Banco Mundial sitúan la movilidad ascendente dominicana en apenas 1.8%, frente a 41.4% regional, mientras más del 19% de los dominicanos empeoró su condición entre 2000 y 2011.
“Podemos decir que aquí la movilidad social está prohibida. No por una ley escrita, sino por un modelo que la bloquea: salarios insuficientes, servicios públicos débiles, privilegios sin rendición de cuentas, subsidios sin auditoría y crecimiento que se anuncia en discursos, pero no sube al pueblo”, expresó.
El dirigente sostuvo que un informe de clima social de LS Consulting confirma esa fractura: entre los consultados, 96% sintió aumento de precios; 86% cree que, por más que se trabaje duro, es muy difícil progresar; 75% se ha endeudado porque sus ingresos no alcanzan para gastos básicos; y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
“No es falta de esfuerzo, es falta de camino. La gente trabaja y resuelve, pero cuando el hogar recorta comida, salud, transporte y servicios, la movilidad social deja de ser una estadística y se convierte en una pregunta íntima: ¿todavía puedo darle a los míos lo que necesitan?”, señaló Ramos.
Ramos insistió en que la Constitución no ordena un país administrado como finca de privilegios, sino un Estado Social y Democrático de Derecho.
Aseguró que la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral, porque una justicia que no recupera bienes, no desmonta redes ni cambia reglas “entretiene la indignación, pero no reconstruye movilidad social”.
“Esto no es contra los empresarios productivos ni contra la inversión responsable. Es contra los privilegios sin retorno público, los incentivos permanentes y un modelo que no convierte el crecimiento en oportunidades reales para la gente”, puntualizó.
Finalmente, afirmó que la salida exige una coalición nacional responsable entre trabajadores, empresarios productivos, jóvenes, comunidades, iglesias, academia y Estado, bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
“No se trata de proponer una aventura ni de dividir al país. Convocamos a una mayoría responsable para exigir que la República sea gobernada conforme a la Constitución. Ya basta de improvisar: es tiempo de gobernar con orden constitucional”, concluyó.
