El Secretario de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Manzano,considera que las recientes decisiones judiciales que han favorecido con descargos a exfuncionarios del pasado gobierno del PLD han generado preocupación en amplios sectores de la sociedad sobre el creciente deterioro de la credibilidad del Ministerio Público.
“Los resultados obtenidos en varios de los casos de mayor repercusión pública han reabierto el debate nacional sobre la calidad de las investigaciones realizadas, la fortaleza de las pruebas presentadas y el manejo institucional de estos procesos”, explica el también jurista en unas declaraciones públicas.
Los descargos obtenidos por figuras como Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se suman a muchas otras decisiones judiciales favorables a exfuncionarios vinculados al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), generando cuestionamientos sobre la efectividad de expedientes que durante años fueron presentados como emblemáticos en la lucha contra la corrupción.
“Para numerosos observadores, estos desenlaces obligan a una reflexión profunda sobre la forma en que fueron concebidas, desarrolladas y promovidas algunas de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos”, opina Carlos Manzano.
Manzano opina que “cuando los casos de mayor impacto terminan debilitándose o concluyendo con decisiones favorables para los acusados, el daño no se limita sólo a los expedientes particulares” y por tanto, “el mayor perjuicio lo recibe la propia institución, cuya legitimidad depende de la confianza que inspire en la ciudadanía y de la capacidad de sostener sus acusaciones sobre bases sólidas y objetivas”.
Ante este panorama, resulta indispensable una evaluación profunda de las actuaciones desarrolladas durante los últimos años por el Ministerio Público, así como el fortalecimiento de mecanismos que garanticen investigaciones más rigurosas, objetivas y alejadas de cualquier percepción de selectividad o instrumentalización política.
“La recuperación de la confianza ciudadana dependerá de la capacidad de la institución para demostrar, con hechos y resultados, que sus actuaciones responden exclusivamente a la búsqueda de la verdad, al respeto del debido proceso y a la aplicación objetiva de la ley”, concluye.
