Denuncian que en los últimos cinco años el Poder Judicial ha dejado de percibir miles de millones de pesos, provocando asfixia financiera, estancamiento salarial y vulnerando la cacareada independencia de la justicia.
SANTO DOMINGO.- El Consejo de Ex presidentes del Colegio de Abogados de la Repùblica Dominicana (CARD) responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo de la parálisis que afecta a los tribunales del país.
Denunciaron que el Gobierno mantiene una sistemática violación a la Ley Núm. 194-04 de Autonomía Presupuestaria, privando deliberadamente de los fondos legales a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio Público.
Los ex-titulares del gremio profesional calificaron de «falsa y puramente discursiva» la supuesta independencia judicial que promueve la actual gestión gubernamental.
Recordaron que la Ley 194-04 fue creada justamente como el mecanismo legal indispensable para blindar la independencia de los jueces y fiscales frente al poder político, una garantía que hoy se encuentra vulnerada por el ahogamiento económico impuesto desde el Palacio Nacional.
Durante el encuentro con los medios, el Consejo reveló que en los últimos cinco años (2022-2026), el Poder Judicial ha dejado de percibir una millonaria partida económica que por ley le correspondía.
Esta devaluación presupuestaria ha tenido consecuencias críticas para el sistema de justicia dominicana, provocando la asfixia financiera, el bloqueo del aumento salarial de los jueces, defensores públicos, fiscales y personal administrativo, quienes devengan salarios rezagados frente a la infracción actual.
Dijeron que eso ha truncado la contratación de nuevos empleados sobre cargando el expediente a los tribunales y provocando una mora judicial que afecta directamente a los ciudadanos.
Esa parálisis ha frenado la apertura de nuevos tribunales y la modernización tecnológica del sistema judicial.
Este gobierno ha impedido una verdadera independencia del poder judicial, por mantener una independencia secuestrada por el presupuesto.
No se puede hablar de un Ministerio Publico independiente y de un poder judicial autónomo, si ambas instituciones tiene que ir cada año a mendigar recurso de poder ejecutivo, enfatizó el vocero del consejo, ya que un poder del Estado sin recursos económicos propios queda de rodillas ante las directrices fiscales del Gobierno de turno.
Finalmente, el Consejo de Ex presidentes del CARD exigió al presidente de la República el cumplimiento inmediato e irrestricto del 4.10% de los ingresos nacionales que ordena la Ley 194-04 para el sector justicia y Ministerio Público, como única vía para deponer el paro laboral y restablecer de forma plena la seguridad jurídica y el orden constitucional y la independencia de los poderes del estado.
