Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un juez impuso medidas de coerción a un agente policial imputado por la muerte involuntaria de un oficial retirado, en un hecho ocurrido en el sector La Ciénaga, del Distrito Nacional.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica mediante contrato de RD$400,000, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el cabo de la Policía Nacional Elpidio Antonio Acosta, imputado por la muerte involuntaria del teniente coronel retirado Carmelo Polanco.
El Ministerio Público había solicitado la imposición de prisión preventiva contra Acosta, arrestado en flagrante delito tras el incidente en el que resultó herido de bala el oficial retirado, quien, posteriormente, falleció, mientras recibía atenciones médicas.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, encargada del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, ante el juez Rigoberto Sena.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió la noche del pasado 10 de mayo, mientras la víctima compartía junto a familiares en una celebración en el sector La Ciénaga.
El imputado integraba una patrulla de la unidad Topo, junto al cabo Smerlin Antonio Alcántara Familia, el sargento mayor Brayan Rafael Jerez Hernández y el sargento Juan Lorenzo Rodríguez, quienes transitaban por la zona en labores de búsqueda de un presunto delincuente.
La solicitud de medida de coerción establece que, al pasar frente a la vivienda donde se realizaba la actividad familiar, se escucharon dos detonaciones desde el vehículo policial, resultando herido de bala el teniente coronel retirado Carmelo Polanco.
Posteriormente, los agentes trasladaron a la víctima hacia el Hospital Docente de la Policía Nacional, donde fue intervenido quirúrgicamente y falleció a consecuencia de la herida recibida.
El Ministerio Público establece que el imputado entregó voluntariamente su arma de reglamento y manifestó que el disparo se produjo mientras manipulaba dicha arma.
Durante el proceso investigativo se realizó una inspección técnico-policial en la escena, determinándose que el disparo salió del interior del vehículo, atravesando el lado derecho.
Asimismo, análisis practicados por la Dirección de Área Policía Científica determinaron la presencia de residuos de pólvora en el arma asignada al imputado.
De igual forma, el Informe No. BF-SC-2026-0142, emitido por el Departamento de Balística Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), establece que el proyectil extraído del cadáver de la víctima coincide con los proyectiles de referencia obtenidos mediante disparos realizados con el arma de reglamento ocupada al imputado.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
