CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el martes por unanimidad una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aumenta de 20 a 32 el número de magistrados en un intento de reducir el cúmulo de causas sin resolver que se registra en años recientes.
La reforma fue aprobada cuatro años después de la designación de los actuales miembros del máximo tribunal para un periodo de 12 años, la mayoría de ellos percibidos como aliados del gobierno, incluidos muchos exlegisladores oficialistas.
La ley entrará en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial.
La reforma revierte una reciente modificación de la ley. En enero de 2022, la asamblea unicameral aprobó una reforma que redujo de 32 a 20 el número de magistrados que integran las seis salas del Tribunal.
En 2004, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez promovió una nueva ley del Tribunal Supremo para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados y facultar a una mayoría simple de legisladores para remover y designar jueces.
Con la nueva ampliación de los miembros del Tribunal Supremo se busca agilizar la emisión de sentencias y resoluciones que se encuentran en espera, destacó la semana pasada la diputada oficialista Rosa León, presidenta de la subcomisión Sectorial del régimen del Sistema Judicial.
Un grupo de legisladores opositores de la denominada bancada Libertad, integrado entre otros por el excandidato presidencial Henrique Capriles, votó a favor de aprobar la reforma legal, pese a advertir que el número de magistrados “no es el epicentro de la reforma de la justicia” que consideran necesaria en el país.
Los adversarios de Chávez (1999-2013) y de su sucesor, el ahora depuesto presidente Nicolas Maduro (2013-2026), repetidamente acusan al oficialismo de designar con su abrumadora mayoría a los magistrados entre sus aliados para asegurarse el control del máximo tribunal, que en los últimos 27 años se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana con una gran cantidad de sentencias desfavorables a los críticos de los gobiernos socialistas.
El oficialismo, por su parte, sostenidamente ha dicho que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se hicieron bajo “estricto cumplimiento” de las leyes.
La reforma también se produjo, luego que, a finales de abril pasado, la Sala Plena del Tribunal Supremo aprobó la jubilación de ocho de sus magistrados principales. El Legislativo está en medio de un proceso de selección de los nuevos juristas.
