POR AARON KESSLER and TIM SULLIVAN
En el punto álgido de la ofensiva, era común ver en las calles de Minneapolis autos llenos de agentes de inmigración enmascarados, mientras miles de personas eran arrestadas cada semana en Texas, Florida y California.
El comandante principal de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, se ufanaba de demostraciones implacables de fuerza y agentes que irrumpían en cocinas de restaurantes, paradas de autobús y estacionamientos de Home Depot.
Los arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas alcanzaron su punto máximo en diciembre, con casi 40.000 en todo el país, y fueron casi igual de altos el mes siguiente, según datos proporcionados al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y analizados por The Associated Press.
Los asesinatos en Minneapolis, a finales de enero, de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración y las denuncias de brutalidad policial llevaron a una reestructuración de los principales funcionarios de inmigración.
En las semanas siguientes, los arrestos de ICE en todo el país cayeron, en promedio, casi un 12%.
Los sondeos han encontrado que el público en general consideró que el operativo de control migratorio en Minnesota fue demasiado lejos, un factor que pudo haber contribuido al abrupto despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de marzo.
Los números no siguen el mismo patrón en todas partes
Bovino, que se paseaba con aire desafiante con equipo táctico y era el rostro público de la ofensiva del gobierno de Trump, fue apartado tras los asesinatos en Minneapolis de Renee Good y Alex Pretti.
Luego se envió al “zar” fronterizo Tom Homan a las Ciudades Gemelas para trazar un nuevo rumbo y anunció la reducción de agentes de inmigración en el estado el 4 de febrero.
Un análisis de AP de los registros de arrestos de ICE muestra que el departamento promedió 7.369 arrestos semanales en todo el país en las cinco semanas posteriores al anuncio de reducción de Homan, el periodo más reciente del que hay datos disponibles, frente a 8.347 por semana en las cinco semanas anteriores.
Esas cifras de arrestos seguían siendo, en promedio, más altas que durante gran parte del primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, y fueron drásticamente más altas que durante el gobierno de Biden.
Sin embargo, las cifras no fueron uniformes en todo el país.
Los arrestos de ICE aumentaron de manera significativa en Kentucky, Indiana, Carolina del Norte y Florida durante esas cinco semanas, en algunos casos alcanzando su mayor conteo semanal desde el inicio del segundo mandato de Trump. Solo en Kentucky, los arrestos semanales se más que duplicaron, llegando a 86 a principios de marzo.
Esos aumentos se vieron compensados por fuertes caídas en un puñado de estados grandes, incluidos Minnesota y Texas.
Muchos de los arrestados no son “lo peor de lo peor” como dice Trump
El gobierno de Trump insiste en que está apuntando a los criminales más violentos que viven ilegalmente en Estados Unidos, y el presidente se ha referido a ellos como “lo peor de lo peor”.
La realidad es más compleja.
Muchos de los delincuentes más peligrosos puestos bajo custodia de ICE ya estaban en prisión, pero muchos otros que fueron arrestados no tienen antecedentes penales.
A nivel nacional, alrededor del 46% de las personas que ICE arrestó en las cinco semanas previas al 4 de febrero no tenía cargos ni condenas penales, cifra que bajó al 41% en las cinco semanas posteriores.
Aun así, eso sigue por encima del promedio semanal del 35% registrado desde que Trump regresó al cargo. Y en varios estados, incluso después del 4 de febrero, la proporción de personas sin antecedentes penales arrestadas aumentó, en lugar de disminuir.
¿Ha habido un cambio de enfoque?
En todo el país, miles de presentaciones ante tribunales federales ofrecen una ventana imperfecta a cómo las tácticas de deportación siguen a toda marcha, aunque la actividad haya disminuido.
Por ejemplo está el caso del hondureño de 21 años sin antecedentes penales que presentó una petición de liberación tras ser arrestado el 22 de febrero en una parada de tráfico en un suburbio de San Diego.
El padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses —de 5 años, 3 y 10 meses— había estado bajo vigilancia de ICE, según la petición, antes de que agentes con equipo táctico lo detuvieran.
O el de la venezolana de 33 años, una médica conocida del sur de Texas que trabajaba en una región designada como con escasez de servicios médicos, quien fue arrestada a principios de este mes junto con su hija de 5 años, ciudadana estadounidense, cuando se dirigía a la audiencia de asilo de su esposo.
Fue arrestada, indicaron las autoridades, por haber excedido el tiempo permitido de su visa.
Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del grupo de investigación y defensa American Immigration Council, afirma que ve señales de cambio en la reducción de los números de arrestos y detenciones, pero advierte que es demasiado pronto para saber si esos cambios serán permanentes.
“La administración Trump dice ‘No estamos bajando el ritmo’, ‘Nada ha cambiado’” en la aplicación de las leyes migratorias, dice Reichlin-Melnick. “Pero está muy claro que han dado marcha atrás en algunas de las tácticas” en la ofensiva que arrasó Minneapolis.
