Los fiscales probaron todas y cada una de las imputaciones a los procesados, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz
La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que el Ministerio Público probó la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes, destacando en ese sentido, que, indiscutiblemente, serán enviados a juicio.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Al responder preguntas de la prensa a la salida del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dijo que las defensas quisieron tender una cortina de humo, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputados.
Ortiz dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara auto de apertura a juicio en contra de todos los acusados.
La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Por el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.
También, están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Durante el proceso el Ministerio Público indicó que en el transcurso de la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El Ministerio Público determinó que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
