El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, emitió una declaración detallada sobre el actual proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar en el país.
El funcionario explicó que estas precisiones son fundamentales para que la sociedad comprenda los alcances del Decreto núm. 197-26 y la situación real de un sector que ha operado bajo estructuras complejas durante décadas.
Tabar recordó que, hasta el año 2006, la Lotería Nacional ejercía un control total sobre el sector, siendo el organismo responsable de prácticamente todas las actividades relacionadas con los juegos de azar.
En aquel entonces, el Estado dominicano centralizaba a través de esta institución el cobro de obligaciones tributarias, la emisión de licencias de operación y las labores de inspección y fiscalización.
Sin embargo, a partir de ese año se produjo un cambio institucional significativo cuando las funciones de emisión de licencias, inspección y fiscalización fueron transferidas al Ministerio de Hacienda. A pesar de este movimiento administrativo, la Lotería Nacional mantuvo bajo su responsabilidad el cobro de las obligaciones tributarias de los operadores hasta el año 2011.
El administrador señaló que existe una confusión generalizada entre la población sobre el rol de entidades como la Lotería Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Casinos y la DGII.
Según Tabar, la mayoría de los ciudadanos desconoce los detalles técnicos y las causas históricas que han dado forma a la configuración actual del sector de juegos de azar en la República Dominicana.
Un punto crítico revelado en su declaración fue lo acontecido entre los años 2011 y 2019, un período donde, a pesar de existir prohibiciones legales vigentes, se otorgaron permisos a diversas concesionarias para operar miles de bancas. Estas unidades de negocio fueron autorizadas bajo las figuras de “puntos de venta” o “agencias”, sorteando las restricciones de la época.
Asimismo, Tabar explicó que en el año 2011 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dictó la Norma 11-11, la cual tuvo un impacto determinante en la recaudación. Esta normativa estableció una cuota fija mensual de tan solo RD$880.00 por banca, bajo el argumento de que no se podía aplicar el impuesto del 1% sobre ventas brutas hasta que se habilitara una interconexión tecnológica que nunca se materializó.
Finalmente, el funcionario subrayó que esta cuota fija terminó por eliminar en la práctica el requisito de la interconexión, dejando al Estado sin herramientas efectivas de control por años.
Con estas declaraciones, Quico Tabar busca esclarecer el panorama histórico para avanzar con éxito en el nuevo marco de regularización que busca dotar de transparencia y orden al sector de las bancas.
