El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Adán Cáceres Silvestre, arremetió contra la acusación del Ministerio Público, calificando de «insostenible» y carente de rigor técnico el expediente que lo vincula a una presunta red de lavado de activos y desfalco contra el Estado dominicano.
Durante su comparecencia ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el oficial cuestionó severamente la supuesta falta de pruebas presentadas por los fiscales. Aseguró que, tras cinco años de proceso judicial, el órgano acusador no ha podido demostrar la procedencia ilícita de los fondos que manejó durante su gestión.
Cáceres Silvestre defendió con vehemencia su honorabilidad y la de los militares que trabajaron bajo su mando en el CUSEP. En su discurso de clausura, desvinculó a sus subordinados de cualquier irregularidad administrativa, asumiendo la responsabilidad del manejo institucional, pero negando la existencia de una estructura criminal.
Uno de los puntos centrales de su defensa fue la justificación de su patrimonio personal. El general afirmó que el 98% de los fondos depositados en sus cuentas bancarias proviene de fuentes legítimas, citando específicamente sus sueldos como oficial, especialismos por funciones y diversas inversiones privadas que ya cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Respecto a la acusación de lavado de activos, el oficial rechazó la figura del testaferrato planteada por el Ministerio Público. Argumentó que el manejo de los fondos de inteligencia se realizó bajo los protocolos establecidos y que la fiscalía ha confundido la naturaleza de estos recursos con maniobras de blanqueo de capitales.
El mayor general sostuvo que las pretensiones de condena en su contra han fracasado estrepitosamente. A su juicio, las evidencias aportadas por los persecutores no son suficientes ni pertinentes para sustentar un fallo condenatorio, señalando vacíos legales y técnicos en la presentación de las pericias financieras.
Cáceres Silvestre solicitó formalmente a las magistradas su absolución total en el denominado caso Coral. El imputado confía en que el tribunal valorará la «inexistencia de pruebas» y reconocerá que su patrimonio es fruto de décadas de servicio militar y actividades comerciales lícitas debidamente registradas.
El proceso entra ahora en su fase final, donde el Primer Tribunal Colegiado deberá decidir el destino legal del alto oficial. Mientras tanto, Cáceres mantiene su postura de que el caso ha sido una construcción mediática sin sustento jurídico real que ha afectado injustamente la carrera de varios oficiales activos.
