POR MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
El significado de su nombre lo dice todo.
“Ella llegó a nuestra casa para ser amada y por eso le pusimos así,” dijo Lorena Bonilla, cuya hija Amada es una adolescente transgénero de 17 años que recientemente recibió autorización de la Corte Constitucional de Ecuador para modificar sus documentos de identidad.
Su caso, junto con otro que recibió un dictamen similar a fines de marzo, abrió la puerta a que otros jóvenes trans puedan cambiar su nombre y sexo de manera oficial.
Los mayores de edad obtuvieron este derecho tras años de lucha que culminaron con una reforma en 2024.
Las últimas decisiones de la Corte fueron recibidas con entusiasmo por quienes apoyan los derechos LGBTQ+ en una región en la que los movimientos conservadores han ganado tracción en meses recientes. Sin embargo, aún hay obstáculos para las personas trans en el país andino.
“En Ecuador sigue habiendo sectores políticos, religiosos y sociales que presentan el reconocimiento de género de adolescentes como una amenaza”, dijo Cristian González Cabrera, investigador del programa de derechos LGBTQ+ de Human Rights Watch.
“Ese clima puede traducirse en hostilidad institucional, demoras y negativas indebidas”.
Bonilla y su hija lo experimentaron de primera mano en 2018. Su batalla legal inició cuando Amada tenía nueve años y varias escuelas se negaron a admitirla porque sus documentos no coincidían con su identidad de género.
“Pasamos por 14 escuelas y en ninguna la aceptaron”, dijo Bonilla. “Entonces pensamos que teníamos que cambiarle el nombre”.
Un tribunal inicialmente otorgó a Amada el derecho a modificar sus papeles. Sin embargo, el Registro Civil apeló la decisión y luego una corte superior resolvió que su pasaporte y cédula debían reflejar el nombre y sexo asignados al nacer.
“Era un retroceso a nuestros derechos”, añadió Bonilla.
El panorama legal
Los derechos LGBTQ+ en Ecuador han avanzado principalmente por la vía judicial más que por decisiones del Poder Legislativo o del gobierno. En países aledaños como Colombia o Perú ha ocurrido algo similar.
“Los poderes Legislativo y Ejecutivo representan a las grandes mayorías nacionales, pero las personas LGBTI no somos tomadas en cuenta”, dijo Christian Paula, presidente de la Fundación Pakta, que acompaña legalmente casos como el de Amada.
“Tomar las vías judiciales representa una falta de apertura y sensibilidad en nuestras instituciones”.
Entre los avances más importantes para la comunidad LGBTQ+ ecuatoriana, tres se han logrado a través de las cortes: la despenalización de la homosexualidad en 1997, un fallo que permitió a la primera mujer trans cambiarse el nombre en 2009 y la aprobación del matrimonio igualitario en 2019.
Estas decisiones, sin embargo, también han encontrado resistencia entre grupos religiosos y de derecha.
En un posteo en la red social X tras los fallos de 2026, André Santos, presidente de Firmes —uno de los grupos conservadores más visibles del país— dijo que la Corte Constitucional había excedido sus facultades.
Previamente había criticado protocolos escolares para que los estudiantes pudieran usar uniformes y baños acordes a su identidad de género.
En un comunicado separado, la Conferencia Episcopal ecuatoriana escribió que “permitir que adolescentes adopten decisiones de esta naturaleza genera graves riesgos para su desarrollo integral”.
Escaso apoyo político
Si bien el presidente Daniel Noboa no ha sido tan vocal como otros líderes latinoamericanos en contra de las causas trans, su administración ha brindado poco respaldo a los derechos LGBTQ+.
Como candidato prometió que defendería a la familia tradicional y desde que asumió el poder en 2025 la violencia e inestabilidad económica han sido la prioridad de su administración.
“Lo que nos preocupa son sus ministros”, dijo Diane Rodríguez, abogada y presidenta de la organización Silueta X.
Rodríguez, una mujer trans, mencionó a funcionarios del Ministerio de Educación incluida la actual ministra Gilda Alcívar, quien ha rechazado la inclusión de lo que denomina “ideología de género” en la educación.
Ese ambiente, dijo Rodríguez, también permea en las interacciones cotidianas fuera de las oficinas gubernamentales.
Desde Guayaquil donde vive con su pareja, un hombre trans, Rodríguez ha enfrentado dificultades en el colegio de su hija. “Tuvimos problema para matricularla porque me ven y piensan que voy a llegar a transexualizar a los niños sólo por mi imagen”, dijo.
En su carrera se ha dedicado a ofrecer apoyo legal a personas que enfrentan discriminación por motivos de género y respaldó un programa que facilitaba el tratamiento hormonal para personas trans. Su organización además se enfoca en dar visibilidad a la violencia contra miembros de su comunidad.
Silueta X publica un informe anual de asesinatos de personas LGBTQ+ en Ecuador. El primer reporte en 2013 documentó dos asesinatos y los números crecen cada año. El 2025 cerró con 30 muertes, 21 de éstas de mujeres trans.
Padres y activistas
Amada le dijo a sus padres que era niña cuando tenía alrededor de tres años. Pidió una fiesta temática de princesa, pero Bonilla y su marido, quienes fueron criados como católicos, asumieron que estaba confundida y la disfrazaron de príncipe.
Les tomó un par de años comprender las necesidades de su hija y dejar de consultar a psicólogos que les decían que algo andaba mal con ella o que ellos no le dieron una crianza adecuada.
“Los comentarios pueden ser despiadados y la gente no tiene idea de la realidad de las familias”, dijo Mauricio Caviedes, padre de Amada. “Ojalá el tema de la educación cambie y la gente pueda entender”.
Conforme ellos mismos aprendieron más de la comunidad trans, su pelea por modificar los documentos de identidad de Amada evolucionó hacia una causa mayor.
Tanto Bonilla como Caviedes se convirtieron en activistas y respaldaron otros derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo. También fundaron un grupo de apoyo a familias con miembros LGBTQ+.
“Ésa se volvió la única manera de poder pelear contra el Estado”, dijo Bonilla. “Éramos 25 familias con personas trans de diferentes edades”.
Su familia se mudó a Canadá durante la pandemia. Y aunque Bonilla atesora la apertura que su nueva comunidad ha tenido hacia su hija, ella sigue defendiendo los derechos LGBTQ+ en Ecuador.
Amada es hoy una estudiante destacada que sueña con convertirse en enfermera. Según su madre, elegir esa profesión tuvo que ver con todos esos años de acompañar a amigos trans y miembros de la comunidad que, como ella, luchaban por acceder a servicios de salud sin discriminación por motivos de género.
Aunque Amada nunca ha mostrado su rostro públicamente ante las cámaras de la prensa, la visibilidad de su caso se siente como un legado.
“La gente piensa que el destino de las personas trans es ser trabajadoras sexuales o vivir en la clandestinidad”, dijo Bonilla. “Pero nosotros queremos que cualquier padre sepa que, el día de mañana, esa persona diversa podrá ser lo que quiera ser”.
