Por Antonio José Gómez
Barcelona, España – . La reciente disposición del presidente Luis Abinader, donde establece que la totalidad de los ingresos generados por los consulados pasen directamente al Estado representa un paso firme y necesario en la consolidación de un servicio exterior transparente y alineado con los más altos estándares internacionales.
El hecho de integrar las recaudaciones a la Cuenta Única del Tesoro, forma parte de las políticas de fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido con templanza por el canciller Roberto Álvarez; y que robustece la política exterior liderada por el presidente Abinader.
Esta no es una medida menor ni un simple trámite administrativo. Es, sin duda, una decisión de Estado que marca un antes y un después en la forma en que concebimos la gestión consular y el uso de los recursos públicos en el exterior.
Durante años, el debate sobre la administración de los ingresos consulares ha estado presente en distintos espacios técnicos y políticos.
Hoy, el Gobierno dominicano ha optado por la transparencia, control institucional y orden financiero. Y ese camino merece ser respaldado sin ambigüedades.
Desde la función consular que desempeño, donde el contacto con la ciudadanía es diario y directo.
Entiendo que la legitimidad del servicio público no depende solo de la eficiencia operativa, sino también de la confianza.
Y no hay mayor fuente de confianza que un sistema en el que cada recurso recaudado es debidamente registrado, auditado y administrado bajo las reglas claras del Estado.
Esta decisión fortalece precisamente eso: la institucionalidad.
Permite una visión integral de los recursos del servicio exterior, evita la fragmentación de fondos y abre la puerta a una planificación más justa y estratégica de las necesidades de la diáspora dominicana.
Además de garantizar que los recursos consulares no dependan de lógicas aisladas, sino de una visión nacional coherente.
Como representante consular, afirmo con convicción que esta reforma no debilita nuestra labor; la dignifica. No solo respaldo esta decisión, la considero necesaria, impostergable y profundamente coherente con el país que estamos construyendo.
Un Estado fuerte no dispersa sus recursos, sino que los administra con transparencia, visión y sentido de nación.
