Un análisis sobre justicia en República Dominicana evidencia progresos institucionales, aunque persisten desafíos estructurales
Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra avances significativos en la transformación institucional y eficacia de la justicia, así como en su capacidad resolutiva, mientras señala desafíos persistentes de carácter estructural que limitan el acceso efectivo.
El documento titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales, destaca que el país ha logrado progresos innovadores en transformación digital, gestión judicial y avance en cumplimiento de plazos.
Estos resultados han sido reconocidos también a nivel internacional: de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, la República Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación general, destacándose como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.
Entre los hitos más relevantes se encuentran la implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y la firma digital de más de 3 millones de documentos, con aproximadamente un 66% de los trámites procesados electrónicamente.
Asimismo, existe una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.
Según el documento, y partiendo de datos oficiales, el sistema ha logrado, a través de un proceso de cambios desde el 2020, una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9% de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo.
Por ejemplo, el Distrito Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución de 100.5% mientras que la provincia Santo Domingo, y Montecristi con desarrollo humano medio bajo y bajo respectivamente, reportan un 90.8% y 87.9% cada una.
El documento agrega que las evidencias recolectadas permiten poner atención sobre las brechas territoriales afirmando que el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.
El análisis se complementa con un estudio de opinión no representativo que permitió conocer opiniones asociadas al uso, experiencia y percepción de los servicios judiciales, evidenciando la importancia de utilizar procesos de escucha activa que acerquen los servicios y procesos con las necesidades de las poblaciones usuarias.
Uno de los resultados a mencionar es que 36.3% de personas usuarias consultadas reportaron haber enfrentado algún obstáculo en sus procesos judiciales, citando en orden de prioridad: demoras en los tiempos de solución de los casos, costos legales y deficiencias en la atención.
También revela que, de las personas consultadas en el sondeo, siete de cada diez desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites, lo que muestra la importancia de dar a conocer las distintas modalidades de acceso que generarían mayor autonomía y empoderamiento de las personas usuarias.
Desde la perspectiva de los profesionales del derecho consultados, los principales obstáculos que enfrentan las personas usuarias se resumen en desconocimiento de sus derechos, los costos procesales y la duración de los procesos.
A esto se suman limitaciones en recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87% en 2025. Este contexto contrasta con países como Costa Rica, donde el sistema judicial recibe cerca del 4% del presupuesto público.
“Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca.
El documento, además de analizar resultados y examinar brechas, y sobre la base de experiencias regionales, entre otras, propone una serie de recomendaciones asociadas a fortalecer y ampliar los avances y reducir barreras de acceso y respuesta en los servicios.
En este contexto, se propone avanzar en la articulación interinstitucional, que permita abordar desafíos desde una perspectiva integral que permita una justicia de proximidad, con servicios cercanos a las personas, accesibles, que integren la tecnología como habilitador, con una planificación con datos y la implementación de políticas diferenciadas según las características de cada región.
De manera particular, se resalta el involucramiento de actores vinculados a la justicia, que tienen un rol importante a nivel comunitario y en la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Los hallazgos del análisis fueron presentados en el marco de la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026 con intervenciones del magistrado, Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, representando al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; Ana María Díaz, Representante Residente del PNUD en República Dominicana; Gloria Manzotti Especialista de Acceso a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Oficina Regional del PNUD para América Latina y el Caribe; Sócrates Barinas, Economista Senior del PNUD República Dominicana; Alejandro Valerio, Consultor Coordinador del Análisis y el Dr. Flavio Darío Espinal, jurista y politólogo.
