El dinero había entrado al destacamento policial por un caso de robo en proceso de investigación
La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal le impuso este domingo tres meses de prisión preventiva a tres oficiales policiales imputados de sustraer más de 1.2 millones de pesos que entraron al destacamento de esa provincia en un caso de presunto robo en proceso de investigación.
Según un comunicado de prensa de la Procuraduría, la medida de coerción fue impuesta al coronel Carlos José Sidney Kelly, quien al momento del caso fungía como director de la Dirección Regional en San Cristóbal; el capitán Deberin Klanniery Medina Pérez, y el operador de radio, segundo teniente Alipio Díaz de la Rosa, de la 17ava. Compañía, quienes fueron suspendidos por su alegada vinculación al caso.
Los oficiales son imputados de violar los artículos 123, 124, 174, 265, 266, 379 y 385 del Código Penal dominicano, los cuales tipifican y sancionan la coalición de funcionarios y la asociación de malhechores, en este caso para cometer robo agravado en el interior del Destacamento de la 17ava. compañía.
Los oficiales deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales, localizado en el municipio Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste.
La solicitud de medida de coerción detalla que el dinero, 1,200.000 pesos en efectivo y una funda con 28 mil pesos en monedas habían entrado al destacamento policial por un caso de robo que se investiga.
La investigación del caso está a cargo de las fiscales Ramona Santana Uceta (titular de San Cristóbal), Laura Cecilia Segura Cordero y Aurelina Cuevas Román, quienes sustentaron la solicitud de medida de coerción con 50 elementos de pruebas.
La fiscal Aurelina Cuevas Román también representó al Ministerio Público en la litigación junto a la fiscal Belkis Tejeda Espinal.
«Durante la audiencia, las representantes del órgano persecutor establecieron la vinculación de los imputados con el caso ante la jueza Kenty Noesí, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, quien le impuso la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público», indica la nota.
